Las penas por fraude podrían aumentar hasta en una mitad cuando el delito sea cometido mediante plataformas digitales, aplicaciones, mensajes electrónicos, páginas de internet u otros medios tecnológicos y la víctima tenga 60 años o más.
El diputado Paulo Gonzalo Martínez López, del PAN, propuso reformar el artículo 386 del Código Penal Federal para establecer esta agravante y reforzar la protección patrimonial de las personas adultas mayores.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para su análisis y dictamen.
Actualmente, el Código Penal Federal establece distintas penas según el monto defraudado, que van desde tres días de prisión en los casos de menor cuantía hasta 12 años cuando el valor de lo defraudado supera el umbral previsto en la ley.
Aumentarían penas mínimas y máximas
La propuesta establece que las sanciones previstas en el artículo 386 se incrementen hasta en una mitad, tanto en su mínimo como en su máximo, cuando concurran dos condiciones adicionales: que el fraude haya sido realizado mediante herramientas tecnológicas y que la víctima sea una persona adulta mayor.
Para efectos de la reforma, se considerará adulta mayor a toda persona de 60 años o más.
La modificación abarcaría fraudes cometidos mediante aplicaciones, plataformas digitales, mensajes de texto, correos electrónicos, páginas de internet o cualquier otro recurso tecnológico.
Descarta PAN crear un nuevo delito
Martínez López aclaró que la reforma no busca crear una nueva figura penal ni criminalizar el uso de las tecnologías.
El planteamiento, explicó, consiste en reconocer que las herramientas digitales pueden utilizarse como instrumentos para cometer delitos ya tipificados y facilitar engaños contra sectores considerados vulnerables.
Para aplicar la agravante, tendría que acreditarse primero la existencia del fraude, después comprobar que fue cometido mediante alguno de los medios tecnológicos contemplados y finalmente establecer que la víctima tiene al menos 60 años.
Buscan mantener proporcionalidad de sanciones
El legislador sostiene que la reforma permitiría conservar la proporcionalidad entre la conducta y la pena, debido a que no cualquier operación digital sería considerada automáticamente como fraude agravado.
La propuesta señala que tendrían que demostrarse los elementos del delito previstos en el Código Penal Federal.
El artículo 386 vigente considera fraude cuando una persona engaña a otra o aprovecha el error en el que ésta se encuentra para obtener ilícitamente una cosa o alcanzar un lucro indebido.
Advierten rezago legal ante nuevas estafas
En la exposición de motivos, Martínez López plantea que las normas penales deben actualizarse conforme evolucionan las formas utilizadas para cometer delitos.
Asegura que la tecnología no debe convertirse en una herramienta para aprovecharse de quienes enfrentan condiciones de mayor vulnerabilidad.
La iniciativa parte de que las aplicaciones, sitios web, plataformas y servicios de mensajería pueden facilitar esquemas de engaño y ampliar el alcance de las estafas contra personas adultas mayores.
Piden que ley avance al ritmo de la tecnología
El diputado advirtió que la modernización tecnológica no debe avanzar más rápido que la capacidad del Estado para responder penalmente a las nuevas modalidades delictivas.
Por ello, plantea adaptar las sanciones existentes cuando las herramientas digitales sean utilizadas para facilitar el engaño y afectar el patrimonio de personas mayores.
La propuesta aún deberá ser dictaminada en la Comisión de Justicia antes de avanzar al Pleno de la Cámara de Diputados para su eventual discusión y votación.
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