Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, salió este martes 22 de septiembre del penal federal del Altiplano, luego de que un juez le concediera la prisión domiciliaria.
La modificación de la medida cautelar permite al exmandatario continuar fuera del centro penitenciario, aunque no implica la terminación del proceso penal que enfrenta.
Ruffo Appel fue vinculado a proceso por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y contrabando, dentro de una investigación relacionada con el denominado huachicol fiscal. Tras su detención, permanecía recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como El Altiplano.
Ruffo había impugnado su vinculación a proceso
La defensa del exgobernador promovió recursos judiciales contra distintas resoluciones adoptadas en el proceso.
En agosto, un juez federal concedió una suspensión definitiva contra la vinculación a proceso, medida que frenó temporalmente el avance hacia la etapa intermedia mientras se resuelve el juicio de amparo.
La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó esa determinación, al argumentar que afectaba la continuación del procedimiento; sin embargo, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal declaró infundada la queja y mantuvo los efectos de la suspensión.
Investigado por presunto huachicol fiscal
El expediente contra Ruffo Appel se relaciona con una investigación federal sobre el presunto ingreso y comercialización irregular de combustibles mediante ferrotanques.
Las autoridades ministeriales le atribuyen una posible participación en delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, acusaciones que deberán acreditarse durante el proceso judicial.
Ruffo, primer gobernador de oposición que ganó una entidad federativa bajo las siglas del PAN en 1989, había permanecido sujeto a prisión preventiva desde julio.
Prisión domiciliaria no cancela acusaciones
La resolución conocida este martes modifica únicamente el lugar en el que Ruffo enfrentará las siguientes etapas de su procedimiento.
El exgobernador permanece sujeto al proceso penal y a las determinaciones que adopten los tribunales sobre los recursos presentados por su defensa y las imputaciones formuladas por la FGR.
La salida del Altiplano ocurre semanas después de que un Tribunal Colegiado mantuviera vigente la suspensión judicial que frenó la apertura del juicio mientras se resuelve de fondo el amparo promovido por Ruffo Appel.
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