Una jueza federal fijó para este viernes 25 de septiembre, a las 10:00 horas, la audiencia en la que se revisarán las medidas cautelares impuestas al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, actualmente recluido en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México.
La diligencia estará a cargo de la jueza de Control Alejandra Ramírez de la Vega y se prevé que sea privada y mediante videoconferencia. El punto central será determinar si Ruffo permanece sujeto a prisión preventiva en el centro penitenciario o puede continuar su proceso bajo arresto domiciliario.
Amparo abre nueva revisión de la prisión preventiva de Ruffo
La audiencia se produce después de que un juez federal concediera al exmandatario una suspensión definitiva dentro del juicio de amparo promovido contra la negativa de permitirle enfrentar el proceso desde su domicilio. La resolución no ordenó su liberación automática, sino una nueva determinación judicial sobre la medida cautelar.
La defensa ha solicitado sustituir la prisión preventiva por una medida domiciliaria y ha planteado, entre sus argumentos, la edad y condiciones de salud del exgobernador. Reforma reportó este miércoles que esos elementos formarán parte de la discusión de la defensa ante la jueza.
Hasta que se celebre la audiencia y exista una resolución distinta, Ruffo deberá permanecer recluido en el Altiplano.
¿Por qué está preso Ernesto Ruffo?
El exgobernador fue detenido el 16 de julio de 2026 en Ensenada, Baja California, dentro de una investigación de la Fiscalía General de la República relacionada con presunto contrabando de combustibles y delincuencia organizada.
Posteriormente, la jueza Ramírez de la Vega vinculó a proceso a Ruffo y a otros siete imputados por delitos relacionados con una presunta estructura de contrabando de hidrocarburos, conocida públicamente como huachicol fiscal o ferroviario.
FGR lo relaciona con operaciones de Ingemar
De acuerdo con la acusación de la FGR, Ruffo habría participado en operaciones irregulares relacionadas con la importación, distribución y comercialización de combustibles mediante la empresa Ingemar, en la que tuvo participación accionaria. Estas imputaciones forman parte de la acusación ministerial y deberán probarse durante el proceso penal.
La defensa de Ruffo ha rechazado que el exmandatario haya tenido conocimiento de operaciones ilícitas y ha promovido diversos recursos judiciales para combatir tanto decisiones relacionadas con su proceso como su permanencia en prisión preventiva.
El viernes se define dónde enfrentará el proceso
La audiencia del 25 de septiembre no resolverá la responsabilidad penal de Ruffo. La decisión estará limitada a determinar bajo qué medida cautelar continuará sujeto al proceso: recluido en el Altiplano o bajo arresto domiciliario.
La determinación de la jueza marcará el siguiente episodio judicial de uno de los casos de presunto contrabando de combustibles que ha alcanzado a una figura de larga trayectoria política: Ruffo gobernó Baja California entre 1989 y 1995 y posteriormente ocupó cargos legislativos federales.
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