El Gobierno de Estados Unidos formalizó las sanciones contra Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, así como contra políticos, exfuncionarios, empresarios y compañías a los que el Departamento del Tesoro vincula con una red de apoyo al Cártel de Sinaloa.
La medida quedó publicada el 6 de octubre en el Federal Register, el registro oficial del Gobierno estadounidense, después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunciara las designaciones el pasado 29 de septiembre.
La ofensiva financiera comprende 21 personas y 25 entidades que, de acuerdo con el Tesoro, forman parte o facilitan las operaciones de la facción de Los Mayos, encabezada por Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”.
Torres Torres aparece oficialmente ligado al Cártel de Sinaloa
En el Federal Register, Carlos Alberto Torres Torres aparece identificado con la anotación “Linked To: SINALOA CARTEL”.
La OFAC determinó que Torres habría proporcionado o intentado proporcionar apoyo financiero, material, tecnológico, bienes o servicios en beneficio del Cártel de Sinaloa, conforme a la Orden Ejecutiva 14059. También fue designado bajo disposiciones estadounidenses contra quienes brindan apoyo material a organizaciones consideradas terroristas.
Las sanciones no equivalen por sí mismas a una sentencia penal. Constituyen una determinación administrativa del Gobierno de Estados Unidos basada en sus facultades de política exterior y seguridad nacional.
Tesoro señala una red de corrupción alrededor de “El Ruso”
El Departamento del Tesoro sostiene que Carlos Torres mantenía una alianza con Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, identificado por Washington como jefe de Los Rusos, una estructura asociada con Los Mayos que opera principalmente en Mexicali y sus alrededores.
Según la dependencia estadounidense, Torres habría utilizado su influencia política para facilitar actividades del cártel y evitar acciones gubernamentales o policiales contra la organización. El Tesoro afirma además que su visa estadounidense fue revocada en mayo de 2025 debido a sus presuntos vínculos con el grupo criminal.
La dependencia también incluyó en la red a Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos, a quien acusa de recibir sobornos y lavar recursos mediante empresas y campañas políticas.
Exjefe policiaco de Mexicali, entre los señalados
El expediente estadounidense menciona igualmente a Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali.
El Tesoro sostiene que Mendívil habría recibido sobornos de “El Ruso” a cambio de facilitar el control de la Policía municipal para operaciones de narcotráfico y acciones de fuerza vinculadas con el cártel. También afirma que Carlos Torres habría recibido pagos mensuales provenientes de esa estructura.
Otro de los señalados es Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario aduanal y exasesor legislativo en Baja California, a quien Estados Unidos acusa de intercambiar influencia política por sobornos para favorecer intereses criminales asociados con José Ángel Rivera Zazueta.
Empresas de Tijuana también entran en la lista negra de OFAC
La acción de Washington no se limita al ámbito político.
La OFAC sancionó a empresarios como Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y Carlos Villela Gómez Santelices, a quienes relaciona con una red empresarial en los sectores de seguridad, bienes raíces y entretenimiento presuntamente utilizada para lavar dinero del Cártel de Sinaloa.
Entre las empresas designadas aparecen Baja Fixer Group, Inteliproof Efficient, Private Equity Baja, Private Equity Bursátil, Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, Conciertos y Espectáculos Inhouse, Wermak Publired, Holistic Wellwaves y Proyecto Alerta Verde, entre otras.
¿Qué implican las sanciones de Estados Unidos?
La designación implica que los bienes e intereses de los sancionados que se encuentren en Estados Unidos, o bajo posesión o control de personas estadounidenses, quedan bloqueados.
En términos generales, ciudadanos y compañías estadounidenses tampoco pueden realizar operaciones con las personas o empresas incluidas en las listas de OFAC.
La acción se sustenta en las órdenes ejecutivas 14059, relacionada con el tráfico internacional de drogas ilícitas, y 13224, modificada posteriormente para ampliar las sanciones contra organizaciones terroristas y quienes les proporcionan apoyo.
Marina del Pilar no aparece entre las personas sancionadas
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, no figura entre las 21 personas sancionadas por la OFAC.
Las acciones estadounidenses están dirigidas, entre otros, contra su exesposo Carlos Torres y personas y empresas que Washington sitúa dentro de las estructuras financieras, políticas y operativas del Cártel de Sinaloa.
Torres ha rechazado públicamente los señalamientos y ha sostenido que buscará aclararlos ante las autoridades correspondientes.
La publicación en el Federal Register convierte ahora las determinaciones anunciadas el 29 de septiembre en un registro oficial y detallado de las bases legales utilizadas por Washington para congelar activos y cerrar el acceso de los designados al sistema financiero estadounidense.
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