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Niega Bienestar uso electoral de apoyos; defiende a 29 mil Servidores de la Nación

Bienestar rechaza uso electoral de apoyos y defiende a sus operadores.

Ante cuestionamientos por el presunto uso electoral de los programas sociales, la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, negó que los apoyos del Gobierno federal sean condicionados a cambio de respaldo político y defendió la actuación de los 29 mil Servidores de la Nación que operan en el país.

Al término de su comparecencia ante la Comisión de Bienestar de la Cámara de Diputados, con motivo del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria sostuvo que el personal de la dependencia cumple con sus responsabilidades y rechazó que exista una política de condicionamiento de los beneficios sociales.

«Estamos seguros de que todos los trabajadores de la Secretaría de Bienestar cumplen con su deber y no se condiciona ningún programa», afirmó.

Las declaraciones ocurrieron después de que legisladores de oposición cuestionaran los mecanismos de vigilancia sobre los Servidores de la Nación y las medidas para impedir que la estructura gubernamental sea utilizada con fines partidistas durante el proceso electoral de 2027.

Defiende Bienestar a Servidores de la Nación ante señalamientos

Ramírez Amaya aseguró que la dependencia mantiene mecanismos de seguimiento sobre la actuación de su personal y que las situaciones relacionadas con posibles irregularidades son atendidas mediante los procedimientos correspondientes.

Al ser cuestionada sobre las acusaciones de presunto condicionamiento de apoyos, indicó que ya se ha informado sobre estos señalamientos y que existen procedimientos institucionales para atenderlos.

La secretaria precisó que la estructura de Bienestar está integrada por 29 mil Servidores de la Nación distribuidos en el territorio nacional, quienes participan en las tareas de atención a beneficiarios y operación de los programas sociales.

Durante su comparecencia, también aseguró que el personal recibe capacitación permanente y que existe coordinación con las autoridades competentes en materia electoral para prevenir irregularidades.

Cuestionan uso político de programas rumbo a 2027

La discusión sobre los apoyos sociales se produjo en un contexto de cuestionamientos legislativos sobre el papel que desempeñan los Servidores de la Nación y la necesidad de garantizar que su trabajo permanezca separado de las actividades partidistas.

De acuerdo con lo expuesto durante la comparecencia, Ramírez Amaya sostuvo que la operación gubernamental y las actividades de difusión realizadas por los partidos políticos deben distinguirse.

La funcionaria aseguró que los apoyos se entregan directamente a la población y que no deben utilizarse para solicitar respaldo electoral.

Asimismo, señaló que las denuncias relacionadas con posibles irregularidades deben canalizarse a las instancias correspondientes para determinar las responsabilidades que procedan.

Reporta Bienestar 42.8 millones de beneficiarios

Durante su presentación ante los diputados, la titular de Bienestar informó que 42.8 millones de personas reciben actualmente algún programa social del Gobierno federal, lo que representa, según sus cifras, 10.7 millones más que en 2025.

La funcionaria atribuyó estos resultados a la ampliación de la política social y aseguró que los apoyos buscan garantizar derechos y mejorar las condiciones de vida de la población.

También indicó que la inversión prevista para los programas de Bienestar al cierre de 2026 supera el billón de pesos, mediante pensiones, becas y otros mecanismos de apoyo económico.

Comparece ante diputados por Segundo Informe

La secretaria agradeció a la presidenta de la Comisión de Bienestar, Ana Karina Rojo Pimentel, del Partido del Trabajo, por la realización del encuentro legislativo.

«Agradecer la presidenta de la Comisión de Bienestar, tuvimos una comparecencia dando todos los resultados del Gobierno de la República», expresó.

Aunque Ramírez Amaya rechazó el condicionamiento de programas, la discusión legislativa dejó planteada la necesidad de mantener mecanismos de fiscalización y vigilancia sobre la operación de los apoyos sociales, particularmente ante la proximidad del proceso electoral de 2027.

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