La Fiscalía General de la República (FGR) puso bajo la lupa las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala, al realizar diligencias ministeriales en dos sedes del organismo para investigar presuntos actos de corrupción y posibles conflictos de interés relacionados con empresas proveedoras.
La intervención fue confirmada por la presidenta provisional del INE, Blanca Cruz García, quien informó que agentes federales solicitaron documentación administrativa en las oficinas centrales del Instituto, ubicadas en Viaducto Tlalpan, así como en la Torre Zafiro, al sur de la Ciudad de México.
Las diligencias forman parte de una carpeta de investigación abierta por la FGR ante señalamientos de irregularidades en la asignación de contratos públicos, particularmente aquellos relacionados con empresas vinculadas a los hermanos Casillas.
Se informó que las actuaciones no constituyeron un cateo y anticiparon que podrían presentarse nuevos requerimientos de información conforme avance la investigación.
FGR revisa oficinas y expedientes de contrataciones del INE
Las actuaciones ministeriales se concentraron en dos áreas estratégicas del Instituto: la Secretaría Ejecutiva y la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, responsables de procesos administrativos vinculados con el funcionamiento y las adquisiciones del organismo.
En las oficinas centrales, los agentes solicitaron información de la Secretaría Ejecutiva, mientras que en la Torre Zafiro revisaron archivos de Recursos Materiales.
Blanca Cruz explicó que el Instituto tiene la obligación de atender las solicitudes ministeriales y facilitar el acceso a los expedientes requeridos.
La funcionaria precisó que, hasta el momento de sus declaraciones del 13 de noviembre, la oficina que ocupaba Guadalupe Taddei no había sido objeto de diligencias.
No obstante, advirtió que las investigaciones siguen abiertas y que la Fiscalía puede solicitar nuevos documentos o realizar inspecciones adicionales.
Contratos con proveedores, en el centro del caso Taddei
El expediente tiene entre sus antecedentes los señalamientos de un probable conflicto de interés entre la antigua dirigencia del INE y el empresario José Alfredo Hernández Casillas, relacionado con contrataciones del organismo electoral.
El 6 de noviembre, consejeros del Instituto presentaron una denuncia ante la FGR por las presuntas irregularidades. A ello se suman seis denuncias penales que, según reportes periodísticos, el Órgano Interno de Control informó haber presentado por posibles conductas como tráfico de influencias, cohecho, uso ilícito de atribuciones y otros delitos.
La investigación busca esclarecer cómo se autorizaron los contratos, qué servidores públicos participaron en los procedimientos y si existieron beneficios indebidos para particulares.
Fiscalía Anticorrupción asume las indagatorias
El expediente fue turnado a María de la Luz Mijangos Borja, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.
La dependencia solicitó apoyo de la Policía Federal Ministerial para realizar las actuaciones correspondientes en las instalaciones del INE.
El trabajo ministerial contempla la revisión de contratos, oficios, procedimientos administrativos y documentación que permita reconstruir la intervención de funcionarios y proveedores, así como identificar posibles movimientos financieros relacionados con las operaciones investigadas.
INE prevé más requerimientos de la FGR
La presidenta provisional del Instituto aseguró que la autoridad electoral mantendrá su colaboración con las instancias investigadoras y atenderá los requerimientos que se formulen.
Las diligencias podrían ampliarse a nuevos expedientes o áreas administrativas, aunque hasta ahora no existe un calendario público para su conclusión.
El caso abre un nuevo frente de escrutinio sobre el manejo de recursos públicos en el INE, en un contexto de preparación de los procesos electorales de 2027.
Por ahora, las diligencias y denuncias no acreditan responsabilidad penal de Guadalupe Taddei, de los funcionarios señalados ni de los empresarios mencionados. La determinación de eventuales delitos dependerá de los elementos que reúna el Ministerio Público y de las resoluciones judiciales correspondientes.















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