Como parte del nuevo plan de inteligencia criminal, el gobierno federal retomó la estrategia de identificación de objetivos prioritarios de la delincuencia y reconoció la existencia de 649 líderes y 78 grupos criminales que operan en el país, una práctica que no se realizó durante la administración anterior.
De acuerdo con el primer informe de labores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, la dependencia elaboró 258 fichas de identificación con datos generales, antecedentes, zonas de operación y vínculos relevantes de cada objetivo, con el propósito de fortalecer las líneas de investigación y lograr su captura.
Además, la SSPC desarrolló cinco bases de datos con información sobre integrantes de organizaciones delictivas, identificando seis redes jerárquicas, familiares y operativas, aunque el informe omitió revelar los nombres de dichas estructuras.
“Estos productos permitieron visualizar de forma integral la configuración de los grupos criminales y orientar intervenciones estratégicas”, detalla el documento.
En el ámbito financiero, la Secretaría realizó 16 análisis de riesgo y siete cronologías sobre movimientos de capital relacionados con la delincuencia organizada, lo que permitió detectar patrones económicos y vínculos entre personas físicas y morales.
El informe también destaca siete análisis especializados sobre incidencia delictiva en sectores estratégicos, como el automotor y las regiones fronterizas, así como la elaboración de mapas de calor, rutas de desplazamiento y 133 diagnósticos municipales para identificar factores de riesgo y actores relevantes en territorios prioritarios.
Durante su comparecencia ante el Senado de la República, García Harfuch afirmó que los nuevos productos de inteligencia han incrementado la eficacia operativa de las fuerzas de seguridad.
“Esta estrategia nacional de seguridad y los cuerpos de seguridad basan sus investigaciones en evidencias, en inteligencia, en datos. Gracias a las leyes que ustedes aprobaron podemos tener una mejor coordinación con las entidades federativas y los municipios también se benefician”, señaló.
El funcionario subrayó que la nueva política de inteligencia ha permitido una eficiencia operativa 240% superior a la del año pasado, lo que representa un cambio de enfoque en la persecución del crimen organizado basado en información precisa y coordinación interinstitucional.
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