La Cámara de Diputados aprobó en lo general la prohibición absoluta de la fabricación, venta, importación, exportación y publicidad de vapeadores y cigarrillos electrónicos en México, mediante reformas a la Ley General de Salud. Con 324 votos a favor y 129 en contra, el dictamen establece sanciones de uno a ocho años de prisión y multas de hasta 2,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a más de 226 mil pesos, para quienes incumplan la normativa.
El nuevo artículo 282 Quater define a los vapeadores como sistemas mecánicos, electrónicos o de cualquier tecnología utilizados para calentar, vaporizar o atomizar sustancias tóxicas, con o sin nicotina. Además, se prohíbe cualquier forma de publicidad o propaganda que incentive su consumo en medios impresos, digitales, radio o televisión.
Durante la discusión, legisladores de oposición acusaron que la reforma tiene un carácter prohibicionista y criminalizador, señalando que podría afectar a usuarios y pequeños comerciantes. En protesta, diputadas de Movimiento Ciudadano y del PAN utilizaron dispositivos en tribuna para cuestionar la medida. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Salud, Pedro Zenteno, aclaró que los consumidores individuales no serán sancionados; las penas recaen únicamente sobre quienes busquen lucrar con la producción o comercialización.
La iniciativa fue impulsada por el gobierno federal como parte de una estrategia de salud pública para reducir riesgos asociados al consumo de nicotina y sustancias tóxicas. No obstante, la oposición advirtió que la prohibición podría abrir espacio al mercado negro y pidió alternativas regulatorias en lugar de sanciones penales.
La aprobación en lo general marca un paso decisivo en el proceso legislativo, aunque aún falta discutir reservas y detalles en lo particular. El debate continuará en torno a la eficacia de las medidas y su impacto en la salud pública, el comercio y los derechos de los consumidores.
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