El diputado Ernesto Sánchez Rodríguez impulsa una reforma para priorizar el uso de medidas alternativas a la detención de personas migrantes que ingresen por la frontera sur del país, especialmente cuando se trate de niñas, niños y adolescentes, familias o solicitantes de protección internacional.
La propuesta, que modifica el artículo 111 de la Ley de Migración de México, establece que se deberán privilegiar principios como el interés superior de la niñez, la unidad familiar, la proporcionalidad y el respeto a los derechos humanos en la atención de estos casos.
Entre las medidas contempladas se incluyen presentaciones periódicas ante la autoridad migratoria, garantías o cauciones, programas de acogida comunitaria, canalización a albergues o instituciones especializadas, así como esquemas de supervisión administrativa no privativos de la libertad. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Migratorios para su análisis.
El legislador argumenta que factores estructurales como la desigualdad económica, la violencia, la reunificación familiar, los efectos del cambio climático y diversas crisis políticas y humanitarias han provocado un incremento sostenido en el tránsito de personas extranjeras por territorio nacional.
En ese contexto, señala que la frontera sur se ha consolidado como una de las regiones con mayor dinamismo migratorio, con un aumento significativo en el ingreso de personas en movilidad laboral, solicitantes de asilo y familias completas.
La iniciativa busca fortalecer la coherencia del marco normativo al incorporar un mandato expreso que priorice alternativas a la detención, particularmente para grupos en situación de vulnerabilidad.
Sánchez Rodríguez subraya que el fenómeno migratorio actual requiere respuestas modernas y congruentes con los principios constitucionales, donde la detención migratoria sea una medida excepcional, aplicada bajo criterios estrictos de necesidad y proporcionalidad.
Asimismo, advierte que, aunque la legislación vigente contempla el alojamiento en estaciones migratorias como una medida administrativa válida, su aplicación generalizada puede contravenir principios fundamentales como la excepcionalidad de la detención, la protección reforzada de la niñez y la unidad familiar.
Finalmente, el diputado destacó que la reforma contribuiría a reducir riesgos de violaciones a derechos humanos, fortalecer la seguridad jurídica, optimizar la gestión administrativa y disminuir la presión en estaciones migratorias, al tiempo que alinearía la política migratoria nacional con estándares internacionales y promovería un enfoque más humano y eficaz.
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