La diputada federal Ariana del Rocío Rejón Lara impulsa una reforma para que la captación, transporte o enganche de niñas, niños y adolescentes mediante redes sociales, plataformas digitales, servicios de mensajería o videojuegos en línea sea considerada una modalidad agravada del delito de trata de personas, ante el crecimiento del reclutamiento criminal y la explotación a través de entornos digitales.
La legisladora del PRI presentó una iniciativa para reformar el artículo 42 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, con el objetivo de fortalecer la protección de menores de 18 años y de personas que no tengan la capacidad de comprender o resistir el significado del hecho cuando sean víctimas de captación mediante tecnologías de la información.
La propuesta establece que, en estos casos, no procederán beneficios de libertad anticipada ni la reclasificación de la conducta a delitos de menor gravedad, como estupro o corrupción de menores, cuando existan elementos que acrediten fines de explotación o reclutamiento criminal.
Rejón Lara señaló que la trata de personas contra la niñez y la adolescencia ya no se desarrolla únicamente en espacios físicos como terminales de autobuses, calles o centros de explotación, sino que actualmente se gesta y ejecuta desde perfiles falsos, chats privados, redes sociales, aplicaciones de mensajería y plataformas de videojuegos diseñadas para la interacción constante.
“La trata de menores en México ha mutado hacia entornos digitales”, advirtió la diputada, al señalar que una parte relevante de los procesos de captación vinculados al crimen organizado inicia actualmente en redes sociales y plataformas de gaming.
La legisladora sostuvo que, aunque la legislación vigente reconoce la gravedad de la captación de víctimas y contempla agravantes generales, aún no identifica expresamente el uso de tecnologías de la información como una modalidad agravada del delito, pese a que estos mecanismos incrementan el alcance, el anonimato, la repetición de conductas y la capacidad de control de los tratantes.
De acuerdo con la iniciativa, cuando el enganche ocurre en un entorno digital el daño se multiplica, debido a la capacidad de acecho, manipulación y segmentación de víctimas que ofrecen las plataformas tecnológicas, además de facilitar la expansión de redes criminales.
La reforma busca actualizar el marco jurídico frente al modus operandi actual de tratantes y organizaciones dedicadas al reclutamiento ilícito, mejorar la tipificación de los casos desde su origen y fortalecer las investigaciones mediante una mejor preservación de evidencia digital y una judicialización acorde con la gravedad de los hechos.
Asimismo, pretende evitar que conductas relacionadas con la captación digital de menores sean fragmentadas o procesadas como delitos de menor impacto, lo que, a juicio de la promovente, debilita la respuesta institucional frente a estos fenómenos.
La diputada destacó que la iniciativa también refuerza la protección integral de la infancia al reconocer que el daño comienza desde el momento en que la víctima es captada, aislada, seducida y sometida mediante herramientas digitales, incluso antes de que exista un traslado o una explotación material.
“El principal territorio donde hoy se disputa la atención, la confianza y la libertad de niñas, niños y adolescentes es el entorno digital”, subrayó.
El proyecto legislativo, turnado a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, tiene como propósito cerrar una laguna normativa que, según la iniciativa, permite que el enganche digital de menores sea investigado tardíamente, clasificado de manera incorrecta o sancionado por debajo de la gravedad real de la conducta.
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