La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, informó que durante los primeros dos años de la actual administración federal se han generado ahorros preventivos por casi 84 mil millones de pesos, principalmente mediante mejoras en compras públicas, supervisión de contratos y reestructuración gubernamental.
Durante la Mañanera del Pueblo en Palacio Nacional, Buenrostro aseguró que la estrategia del gobierno de Claudia Sheinbaum ha colocado un mayor énfasis en prevenir irregularidades antes de que los recursos públicos sean mal utilizados.
“La cantidad más fuerte de dinero se observa en la prevención, que son los casi 84 mil millones de pesos”, sostuvo la funcionaria.
La dependencia encabezada por Buenrostro tiene como misión prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción dentro de la Administración Pública Federal, además de reforzar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
De acuerdo con las cifras presentadas por la secretaria, 29 mil millones de pesos de los ahorros corresponden a nuevas estrategias en compras públicas; otros 42 mil millones, a la supervisión de contratos y la prevención de sobrecostos; 7 mil 800 millones, a la reorganización de estructuras gubernamentales, y aproximadamente 4 mil 800 millones, al seguimiento de sanciones contra servidores públicos y proveedores.
“Prevenir es mejor resultado para todo el pueblo, para todos los mexicanos, porque no sólo no se gasta el dinero de manera equivocada o errónea, sino que se corrige con muy buen tiempo”, expresó.
Como ejemplo, destacó una compra de equipamiento médico realizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la que la Secretaría acompañó el procedimiento para ampliar la competencia entre fabricantes.
Según Buenrostro, el proceso permitió adquirir tecnología médica de vanguardia con un costo 46% menor.
“Logramos ahorros, una compra de los equipos 46% menor, pero con la tecnología de vanguardia. Entonces eso es un ganar-ganar para el gobierno”, afirmó.
Suman 4,193 servidores públicos sancionados
Buenrostro informó además que durante la administración han sido sancionados 4 mil 193 servidores públicos.
Del total, indicó, 3 mil 528 corresponden a faltas no graves y 665 a faltas graves.
Entre las principales conductas detectadas mencionó la autorización de pagos indebidos, sustracción de información, pagos por bienes o servicios no entregados, compras injustificadas, ocultamiento de bienes, incrementos patrimoniales irregulares, falsificación de documentos y casos de hostigamiento y acoso sexual.
Asimismo, señaló que mil 737 servidores públicos han sido remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa debido a que la Secretaría no tiene facultades para imponer directamente sanciones por faltas graves.
De esos expedientes, agregó, 87 servidores ya fueron notificados de una sanción y otros mil 650 continúan en proceso.
Gobierno impone multas a particulares
La secretaria informó también que han sido sancionadas 286 personas morales, principalmente por presentar documentación falsa, incumplir contratos, simular experiencia técnica u ocultar conflictos de interés.
De ellas, 222 fueron inhabilitadas y multadas, mientras que 64 recibieron únicamente sanciones económicas.
Las multas impuestas ascienden a 147.3 millones de pesos, de acuerdo con las cifras presentadas durante la conferencia presidencial.
En materia de protección de datos personales, Buenrostro agregó que se sancionó a 51 particulares, con multas acumuladas de hasta 118.5 millones de pesos.
Presentan 517 denuncias ante la FGR
Buenrostro explicó que algunas irregularidades administrativas también pueden constituir delitos, por lo que los expedientes correspondientes son enviados a la Fiscalía General de la República (FGR).
En los últimos dos años, dijo, se han presentado 517 denuncias contra servidores públicos, de las cuales 53 han derivado en vinculaciones a proceso.
Entre los delitos denunciados se encuentran enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude, ejercicio ilícito del servicio público y peculado.
La funcionaria presentó como ejemplos investigaciones relacionadas con un contrato de la extinta Policía Federal por servicios de inteligencia; un pago anticipado de 73.6 millones de pesos por servicios relacionados con más de 2 mil toneladas de frijol que presuntamente nunca fueron prestados, así como un caso de reetiquetado de medicamentos, principalmente oncológicos, relacionado con instalaciones utilizadas por el ISSSTE.
En estos casos, precisó, existen procedimientos administrativos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y denuncias penales ante la FGR.
Buenrostro insistió en que la prioridad de la dependencia es detectar irregularidades antes de que se produzca un daño al erario.
“Nos sirven mucho las denuncias oportunas porque nos ayudan a impedir que el acto se cometa”, afirmó.
“Cuando participamos antes de que el delito se cometa, nos logramos ahorrar el dinero y ese dinero no se malgasta y lo podemos orientar a realmente cosas que sí necesita el gobierno, que necesita la gente”, concluyó.
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