El Gobierno de Estados Unidos sancionó este martes a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, al señalarlo como un operador político vinculado con una red del Cártel de Sinaloa que habría utilizado corrupción y protección institucional para operar en la frontera.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro incluyó a Torres entre 21 individuos y 25 entidades designados por presuntos vínculos con el liderazgo, financiamiento y redes de corrupción de la organización criminal.
Entre los objetivos de la ofensiva estadounidense también aparece Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, señalado por Washington como líder de la facción de Los Mayos.
Tesoro señala alianza de Torres con “El Ruso”
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Carlos Torres mantiene una alianza con Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, identificado como jefe de Los Rusos, una estructura vinculada con Los Mayos y con operaciones principalmente en Mexicali.
La autoridad estadounidense sostiene que Torres utilizó su influencia política para facilitar actividades del grupo criminal y proteger al Cártel de Sinaloa frente a intervenciones gubernamentales y de fuerzas de seguridad en Baja California.
El Tesoro sostiene además que la red de corrupción relacionada con Los Mayos alcanzó niveles relevantes de la administración pública en Baja California. En el comunicado, sin embargo, no atribuye conductas ilícitas a la Gobernadora Marina del Pilar Ávila, quien aparece como referencia por su relación con Torres.
EU atribuye pagos para permitir operación del Cártel
La ofensiva estadounidense también incluye a Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos Torres, así como a Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali.
Según el Tesoro, Mendívil habría recibido sobornos de “El Ruso” a cambio de permitir al grupo criminal influir sobre la Policía municipal de Mexicali, mientras Carlos Torres habría recibido pagos mensuales para permitir que la organización operara con impunidad. Washington señala a Luis Alfonso Torres como encargado de cobrar recursos y canalizarlos mediante empresas y actividades políticas.
Estas acusaciones corresponden a los señalamientos formulados por las autoridades estadounidenses y no constituyen, por sí mismas, una sentencia judicial contra los involucrados.
FGR ya investigaba a Carlos Torres
Los señalamientos de Washington se producen meses después de que se conociera que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación relacionada con una presunta red de tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero en la que fue mencionado Carlos Torres.
N+ Focus reportó en enero que la indagatoria se originó en una denuncia presentada el 11 de junio de 2025, según la cual Torres habría recibido alrededor de 150 mil dólares mensuales para facilitar las operaciones de Los Rusos en Baja California.
Torres rechazó entonces las acusaciones, sostuvo que el expediente derivaba de una denuncia anónima y aseguró que estaba dispuesto a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos.
Le habían revocado visa desde mayo de 2025
El Departamento del Tesoro afirmó este martes que el Departamento de Estado estadounidense había revocado la visa de Carlos Torres en mayo de 2025, debido —según Washington— a su afiliación y actividades en favor del Cártel de Sinaloa.
En aquel momento, Torres hizo pública la cancelación de su documento migratorio y aseguró que tenía la conciencia tranquila. Posteriormente también fue revocada la visa estadounidense de Marina del Pilar Ávila.
Golpe de OFAC alcanza al entorno del “Mayito Flaco”
La medida de este martes forma parte de una ofensiva más amplia contra la estructura encabezada, según Estados Unidos, por Ismael Zambada Sicairos, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada.
Washington ubicó dentro de las nuevas sanciones a integrantes de la cúpula criminal, operadores territoriales, presuntos lavadores de dinero, empresarios y personas señaladas por facilitar protección política a la organización.
La acción amplía así la presión estadounidense sobre las redes financieras y políticas relacionadas con el Cártel de Sinaloa y coloca nuevamente a Baja California en el centro de las investigaciones sobre la operación de Los Rusos y Los Mayos en la frontera con Estados Unidos.
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