Ante el asesinato de tres mujeres trans registrado en días recientes, la Comisión de Diversidad de la Cámara de Diputados buscará que la Secretaría de Bienestar incorpore un programa integral de atención a la población LGBT+ en situación de vulnerabilidad dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, cuyo Anexo 33 contempla alrededor de 43 mil millones de pesos.
El presidente de la comisión, Jaime Genaro López Vela, advirtió que la violencia contra las personas de la diversidad sexual y de género exige medidas urgentes de protección, particularmente para las mujeres trans, a quienes identificó como uno de los sectores más afectados.
La propuesta se presenta mientras el órgano legislativo también impulsa que las 32 fiscalías del país adopten criterios homologados para investigar delitos cometidos contra personas LGBT+, con el propósito de combatir la discriminación y garantizar el acceso efectivo a la justicia.
López Vela sostuvo que la atención a las víctimas y la prevención de la violencia deben formar parte de las prioridades presupuestarias del próximo año.
El legislador hizo referencia a los tres presuntos transfeminicidios recientes como evidencia de la urgencia de reforzar las políticas públicas dirigidas a esta población.
Plantean destinar recursos del Anexo 33 a sectores vulnerables
López Vela explicó que la solicitud a la Secretaría de Bienestar estará enfocada en crear un mecanismo de atención integral para personas que enfrentan mayores condiciones de exclusión, discriminación y violencia.
El planteamiento se enmarca en la discusión del Anexo 33 del PEF 2027, instrumento que por primera vez identifica acciones presupuestarias transversales del Gobierno federal destinadas a la población de la diversidad sexual y de género.
“Se trata de un presupuesto que ronda en los 43 mil millones de pesos, distribuidos en 29 instituciones del Gobierno Federal a través de acciones transversales”, señaló.
El anexo fue presentado el 15 de octubre en San Lázaro, con una propuesta presupuestaria superior a los 43 mil 363 millones de pesos, destinada a identificar intervenciones gubernamentales en materia de inclusión, salud, educación, empleo y combate a la discriminación.
Sin embargo, estos recursos forman parte del proyecto presupuestario y su inclusión no representa todavía la aprobación de un programa específico de atención integral para personas LGBT+ en situación de vulnerabilidad.
Alertan por VIH; demandan nuevo modelo de atención
El presidente de la Comisión de Diversidad adelantó que durante el análisis presupuestario también buscarán fortalecer la respuesta institucional al VIH, mediante un nuevo modelo de atención dirigido especialmente a las poblaciones más afectadas.
Advirtió que la epidemia continúa representando un problema de salud pública en México, particularmente entre determinados grupos de la diversidad sexual.
Por ello, planteó que el presupuesto federal debe considerar acciones específicas para responder a las necesidades de prevención, atención médica y seguimiento de las personas afectadas.
El legislador sostuvo que la comisión permanecerá atenta a la integración del PEF 2027 para impulsar medidas que respondan a las condiciones de vulnerabilidad de estas poblaciones.
Exigen a 32 fiscalías investigar delitos contra población LGBT+
En paralelo a la discusión presupuestaria, la Comisión de Diversidad aprobó, con seis votos a favor, un dictamen de punto de acuerdo para solicitar a las fiscalías de las 32 entidades federativas implementar el protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra personas de la diversidad sexual y de género.
El documento plantea que las instituciones de procuración de justicia deben adaptar sus procedimientos a los estándares internacionales de derechos humanos, con el objetivo de evitar prácticas discriminatorias durante las investigaciones.
También señala que los servidores públicos deben garantizar condiciones de respeto, igualdad y seguridad para quienes participan en audiencias, diligencias o cualquier procedimiento relacionado con la procuración de justicia.
El propósito es establecer criterios comunes de actuación que permitan mejorar las investigaciones y reducir los obstáculos que enfrentan las víctimas al denunciar agresiones o delitos motivados por prejuicios.
El acuerdo aprobado en comisión constituye un exhorto legislativo y no implica, por sí mismo, la implementación obligatoria e inmediata del protocolo en las fiscalías estatales.
Advierten discriminación dentro de instituciones de justicia
La diputada María Damaris Silva Santiago, de Morena, promovente del punto de acuerdo, sostuvo que el reconocimiento legal de los derechos de la población LGBT+ debe acompañarse de cambios en el funcionamiento de las instituciones responsables de protegerlos.
“No podemos hablar de un acceso efectivo a la justicia mientras las personas de la diversidad sexual y de género continúen enfrentando prácticas discriminatorias dentro de las instituciones que deberían protegerlas”, advirtió.
La legisladora consideró fundamental que las fiscalías actúen bajo principios de igualdad, no discriminación y respeto a los derechos humanos.
Señaló que la homologación de los procedimientos de investigación permitirá fortalecer las actuaciones ministeriales y evitar diferencias en el trato que reciben las víctimas dependiendo de la entidad federativa donde se registren los hechos.
Buscan traducir presupuesto en protección y justicia
Con estas medidas, la Comisión de Diversidad pretende incorporar la atención a las personas LGBT+ más vulnerables en las prioridades del gasto federal de 2027 y mejorar los mecanismos institucionales para investigar la violencia en su contra.
El planteamiento contempla tanto el fortalecimiento de los servicios de atención al VIH como la creación de un programa integral de apoyo y la aplicación de protocolos especializados en las fiscalías estatales.
La discusión se desarrollará durante el análisis del Presupuesto de Egresos 2027, mientras permanece pendiente la definición de recursos específicos y de mecanismos que permitan evaluar sus resultados.
El reto legislativo será convertir las partidas contempladas en el Anexo 33 en acciones verificables de prevención, atención y acceso a la justicia, especialmente para las mujeres trans y otras personas expuestas a violencia y discriminación.
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