La Secretaría de Bienestar reportó que 42.8 millones de mexicanos reciben apoyos de los programas sociales del Gobierno federal, 10.7 millones más que en 2025, mientras legisladores de oposición cuestionaron la transparencia del gasto público y advirtieron sobre el riesgo de utilización electoral de estos recursos rumbo a 2027.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Bienestar de la Cámara de Diputados, como parte de la revisión del Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la dependencia, Leticia Ramírez Amaya, rechazó irregularidades en la entrega de apoyos y aseguró que no existen beneficiarios duplicados.
La funcionaria sostuvo que los recursos se distribuyen directamente, sin intermediarios ni condicionamientos, y afirmó que el padrón de derechohabientes es público, auditable y se actualiza trimestralmente mediante cruces de información con el Registro Nacional de Población (RENAPO) y la CURP.
«Es un padrón único, auditable, público, transparente y se puede consultar en la página de la dependencia a quién se benefició y con cuánto», aseguró.
«No hay nada que ocultar; la actualización se hace trimestral», agregó.
Ramírez Amaya señaló que durante 2026 se destinan más de un billón de pesos a la política social y defendió que el manejo del presupuesto se encuentra sujeto a mecanismos permanentes de revisión y fiscalización.
PAN cuestiona transparencia y alerta por elecciones de 2027
El diputado panista Héctor Saúl Téllez Hernández reconoció la amplitud de la cobertura de los programas sociales, pero sostuvo que el volumen de recursos públicos obliga a establecer mayores garantías de transparencia.
También exigió asegurar que la Secretaría de Bienestar y los Servidores de la Nación no intervengan en los procesos electorales de 2027, además de solicitar información sobre el número de integrantes de esa estructura territorial.
En respuesta, Ramírez Amaya aseguró que existe capacitación permanente para evitar la participación política de los servidores públicos y sostuvo que actualmente no tiene denuncias por estas conductas.
Afirmó que la dependencia mantiene coordinación con la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales para atender posibles irregularidades.
«Cuando hay una denuncia se procede y, en este momento, no tenemos una denuncia», sostuvo.
La diputada panista María Isabel Rodríguez Heredia puso sobre la mesa otro desafío: la sostenibilidad financiera de las pensiones ante el envejecimiento de la población.
Cuestionó cómo se financiará la expansión de esos compromisos sin poner en riesgo otros servicios públicos ni recurrir a un mayor endeudamiento.
Por su parte, el también panista Roberto Sosa Pichardo recordó observaciones de fiscalizaciones anteriores que detectaron pagos a 13 mil 30 personas después de su fallecimiento y registros de 7 mil 629 beneficiarios sin CURP.
ASF observa 5 millones de pesos; Bienestar rechaza malos manejos
Ante los cuestionamientos sobre fiscalización, la secretaria informó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó seis acciones por un monto de 5 millones de pesos durante la revisión de la Cuenta Pública 2024.
De esa cantidad, afirmó, se han subsanado observaciones correspondientes a 1.5 millones de pesos.
La funcionaria sostuvo que el monto observado representa menos de 0.001 por ciento del presupuesto de la dependencia y minimizó su impacto financiero, aunque reconoció la obligación de atender cada señalamiento.
«No hay nada oscuro, no hay malos manejos, nuestro compromiso es la atención de las observaciones», afirmó.
Ramírez Amaya también señaló que 98.55 por ciento del presupuesto se destina a los apoyos para la población, mientras que alrededor de 1.4 por ciento corresponde al gasto operativo.
La secretaria propuso instalar mesas de trabajo con los legisladores para revisar los datos presupuestarios y las observaciones de fiscalización.
Pensiones concentran gasto; reportan casi 14 millones de adultos mayores
La secretaria detalló que la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores cuenta con casi 14 millones de beneficiarios y una inversión anual cercana a los 527 mil millones de pesos.
La Pensión Mujeres Bienestar suma 2.8 millones de derechohabientes de entre 60 y 64 años, con recursos por 57 mil millones de pesos.
En tanto, la pensión para personas con discapacidad alcanza a 1.8 millones de beneficiarios, casi 400 mil más que el año anterior, con un presupuesto superior a 36 mil millones de pesos.
El programa Salud Casa por Casa acumula 27 millones de visitas domiciliarias, mientras que 19.5 millones de estudiantes, desde educación básica hasta universidad, reciben becas escolares, de acuerdo con las cifras presentadas por la funcionaria.
Las cifras de Bienestar en 2026
42.8 millones
Beneficiarios de programas sociales
Más de $1 billón
Recursos destinados en 2026
Casi 14 millones
Pensionados adultos mayores
19.5 millones
Estudiantes con becas
Fuente: Secretaría de Bienestar, comparecencia ante diputados, 22 de octubre de 2026.
PRI y MC exigen medir resultados, no sólo repartir recursos
Desde el PRI, Christian Mishel Castro Bello advirtió que el presupuesto social previsto para 2027, estimado en aproximadamente un billón 25 mil millones de pesos, debe acompañarse de metas verificables.
Señaló que las cifras globales no permiten identificar cuántas personas cumplen con los requisitos para acceder a los programas, cuántas reciben los recursos y cuántas permanecen en espera.
Su compañero de bancada Víctor Samuel Palma César cuestionó el peso que el Gobierno atribuye a las transferencias sociales en la reducción de la pobreza y pidió evaluaciones que permitan distinguir sus efectos de los incrementos salariales.
Por Movimiento Ciudadano, Gildardo Pérez Gabino demandó superar una política centrada exclusivamente en transferencias económicas y avanzar hacia garantías de educación, empleo, vivienda y movilidad para las personas con discapacidad.
La diputada María de Fátima García León sostuvo que los apoyos no deben sustituir la obligación del Estado de garantizar servicios públicos y oportunidades de desarrollo.
Gobierno atribuye salida de la pobreza a salarios y apoyos
En su defensa de la política social, Ramírez Amaya afirmó que más de 13.4 millones de personas salieron de la pobreza durante los últimos seis años.
Atribuyó ese resultado al incremento del salario mínimo, las transferencias sociales y el fortalecimiento de la inversión pública y privada.
Indicó que el salario mínimo pasó de 88 pesos diarios en 2018 a 315 pesos en 2026, lo que, según sus cifras, equivale a un incremento real de 154 por ciento.
La funcionaria también informó que Sembrando Vida opera en mil 113 municipios de 24 estados, con 423 mil sembradores y más de un millón de hectáreas bajo manejo agroforestal.
Además, reportó que alrededor de 20 mil comunidades indígenas y afromexicanas han recibido recursos directos para infraestructura social, mediante una inversión de 13 mil 500 millones de pesos en 2026.
La presidenta de la Comisión de Bienestar, Ana Karina Rojo Pimentel, del PT, llamó a garantizar que el presupuesto social responda a las necesidades de la población y no a intereses partidistas.
«El dinero público no pertenece a ningún partido político, los recursos públicos son del pueblo de México y deben servirle», expresó.
La comparecencia dejó así dos posiciones enfrentadas: mientras el Gobierno federal destacó la expansión de los programas sociales y defendió la legalidad de su operación, legisladores opositores insistieron en la necesidad de transparentar los padrones, garantizar la sostenibilidad financiera y evitar que la estructura de Bienestar sea utilizada con fines electorales.
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