El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena) advirtió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cometería un grave error si se convierte en «tapadera» del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, al impedir que el juicio político en su contra tenga consecuencias legales.
El legislador exigió al máximo tribunal resolver de fondo la suspensión del procedimiento promovido en el Congreso de Nuevo León y permitir que, en caso de determinarse responsabilidades, se apliquen las sanciones constitucionales correspondientes.
En declaraciones a periodistas, al término de la reunión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Ramírez Cuéllar cuestionó que el juicio político pueda desarrollarse sin llegar a sus últimas consecuencias.
«Lo que ellos nos están diciendo es que el juicio político solamente procede, pero sin llegar a las últimas consecuencias, porque esto generaría una anarquía, una ingobernabilidad en el estado», señaló.
El morenista sostuvo que los efectos de ese mecanismo constitucional pueden incluir la destitución y, en su caso, la inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Rechaza que destitución de Samuel García provoque ingobernabilidad
Ramírez Cuéllar descartó que una eventual destitución o inhabilitación del mandatario estatal, emanado de Movimiento Ciudadano, ponga en riesgo la estabilidad política de Nuevo León.
Argumentó que la entidad cuenta con instituciones suficientemente sólidas para garantizar la continuidad de la administración pública, independientemente de quién ocupe la gubernatura.
«El estado de Nuevo León tiene sus instituciones muy firmes, tiene un Congreso local, Poder Judicial y tiene instituciones y una sociedad muy fuerte, muy sólida», expresó.
Incluso, consideró que una eventual sanción contra García Sepúlveda permitiría corregir el manejo de los recursos públicos estatales.
«La destitución, la inhabilitación de Samuel García no perjudicaría para nada, al contrario, ayudaría a que esa entidad regresara a la ruta correcta de un ejercicio presupuestal honesto, eficiente», afirmó.
Cuestiona suspensión judicial contra el Congreso de Nuevo León
El diputado recordó que el Congreso estatal cuenta con una Comisión Anticorrupción encargada de atender procedimientos relacionados con responsabilidades políticas de servidores públicos.
Sin embargo, señaló que una jueza administrativa ordenó suspender el proceso legislativo mediante el cual el Gobernador sería sometido a juicio político ante el Pleno del Congreso local.
Posteriormente, aseguró, la Suprema Corte emitió una resolución que limitó los efectos del procedimiento.
«Después, la Suprema Corte, de manera paralela a esa resolución judicial, decidió que el juicio político no tenía efecto», sostuvo.
Ramírez Cuéllar insistió en que el Congreso de Nuevo León tiene facultades para desarrollar el procedimiento y, de acreditarse las responsabilidades correspondientes, imponer sanciones conforme al marco constitucional.
El legislador pidió evitar que las medidas judiciales terminen por impedir el ejercicio de las atribuciones del Poder Legislativo estatal.
La postura del morenista se produce en medio de la controversia jurídica por los alcances del juicio político contra Samuel García. Hasta ahora, la eventual destitución o inhabilitación no constituye una sanción firme contra el mandatario. López-Dóriga Digital
Pide intervención de la FGR en caso Guadalupe Taddei
En otro tema, Ramírez Cuéllar se refirió a las posibles acciones penales relacionadas con Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), y sostuvo que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar si existen elementos para proceder.
Explicó que tanto el INE como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) están facultados para presentar denuncias ante las autoridades ministeriales cuando detecten posibles irregularidades.
Agregó que la propia Fiscalía puede iniciar investigaciones de oficio, sin necesidad de esperar una denuncia formal, cuando tenga conocimiento de hechos posiblemente constitutivos de delito.
Advierte sobre posibles delitos graves
«Los delitos por los que se le puede considerar son delitos graves y la Fiscalía puede actuar de oficio también», declaró el diputado.
Sus declaraciones ocurren después de la renuncia de Taddei a la presidencia del INE, presentada el 26 de octubre de 2026, en un contexto de investigaciones y señalamientos sobre presuntas irregularidades administrativas y contrataciones dentro del organismo electoral.
No obstante, el legislador no precisó qué tipos penales podrían configurarse ni detalló la existencia de una imputación formal contra la exfuncionaria.
Ramírez Cuéllar insistió en que corresponde a las autoridades de procuración de justicia investigar los hechos y determinar, en su caso, las responsabilidades penales.
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