Ante el incremento de casos de despojo patrimonial, abandono y violencia contra personas adultas mayores, senadores del Partido del Trabajo (PT) urgieron a las autoridades federales y estatales a reforzar las acciones de prevención, atención y sanción de estos delitos, al advertir que la mayoría de las agresiones ocurre dentro del propio núcleo familiar.
Los legisladores encabezados por Alberto Anaya Gutiérrez, junto con Geovanna Bañuelos de la Torre, Lizeth Sánchez García, Yeidckol Polevnsky Gurwitz y Ana Karen Hernández Aceves, presentaron un punto de acuerdo para que las instituciones encargadas de la protección de este sector fortalezcan sus mecanismos de actuación frente a una problemática que, señalaron, suele pasar desapercibida.
La propuesta exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y a los sistemas DIF de las 32 entidades del país a reforzar políticas públicas y programas enfocados en prevenir, detectar, atender y erradicar el abandono, la violencia, el abuso, el maltrato y el despojo patrimonial que enfrentan miles de personas de la tercera edad.
Además, solicita a las fiscalías estatales fortalecer las labores de investigación y persecución de delitos cometidos contra adultos mayores, garantizando una atención especializada, oportuna y libre de discriminación.
Los senadores advirtieron que existen numerosos casos en los que personas adultas mayores son despojadas de sus viviendas, recursos económicos o patrimonio por familiares, conocidos o terceros que se aprovechan de su situación de vulnerabilidad.
De acuerdo con el documento presentado ante la Comisión Permanente, el 87 por ciento de los reportes de violencia contra este sector, registrados entre 2024 y 2025, ocurrieron dentro del hogar, siendo las hijas e hijos los principales responsables de las agresiones.
“La violencia contra las personas adultas mayores representa un problema social que en la actualidad es ignorado con frecuencia, situación que no sólo vulnera su integridad física y emocional, sino que también se ve afectada su dignidad, sus derechos humanos y su calidad de vida”, señalaron los legisladores.
Asimismo, afirmaron que “es inadmisible que existan casos de despojo y aislamiento social de las personas adultas mayores, por lo que su protección no debe entenderse únicamente como una obligación jurídica, sino como un imperativo ético y social”.
El PT sostuvo que combatir estas conductas requiere una respuesta institucional más contundente, que permita proteger el patrimonio, la integridad y los derechos de las personas adultas mayores, así como garantizarles acceso efectivo a la justicia cuando sean víctimas de violencia o despojo.
