El diputado José Miguel Alegría Gómez (PT) presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores con el propósito de fortalecer la protección del patrimonio de este sector, mediante el reconocimiento de nuevos derechos relacionados con la asesoría jurídica notarial y la certeza legal sobre sus bienes.
La propuesta incorpora al gremio notarial y a quienes, por disposición legal, ejerzan funciones notariales como sujetos obligados en la aplicación de la ley, a fin de brindar acompañamiento jurídico especializado a las personas adultas mayores en los actos que involucren su patrimonio.
La iniciativa establece el derecho de este sector a recibir asesoría jurídica sobre la enajenación de los bienes de su propiedad, así como orientación respecto al alcance y las consecuencias legales del otorgamiento de un testamento, con el objetivo de que sus decisiones se tomen de manera libre e informada.
Además, contempla medidas de inclusión para las personas adultas mayores pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, al garantizarles acceso a traductores o intérpretes durante los procedimientos relacionados con la transmisión de bienes o la elaboración de testamentos.
En la exposición de motivos, el legislador argumenta que el acelerado envejecimiento de la población mexicana exige fortalecer la protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores, especialmente en materia patrimonial, debido a las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan.
Señala que con frecuencia este grupo es víctima de abusos, engaños o presiones para disponer de sus bienes en beneficio de familiares o terceros, situación que puede traducirse en pérdidas patrimoniales irreparables.
Alegría Gómez advierte que una de las prácticas más recurrentes es el despojo patrimonial mediante contratos de compraventa, donación, permuta u otros actos de transmisión de propiedad realizados bajo coacción, abuso de confianza o aprovechamiento de la condición de vulnerabilidad de las personas adultas mayores.
Asimismo, alerta sobre las presiones indebidas que pueden presentarse durante el otorgamiento de testamentos, afectando la libre manifestación de la voluntad de quienes disponen de su patrimonio.
Por ello, plantea fortalecer la función preventiva y orientadora del notariado mexicano, de manera que las personas adultas mayores cuenten con información suficiente sobre las consecuencias jurídicas de los actos que involucren sus bienes y su sucesión testamentaria.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, sostiene que una asesoría jurídica especializada contribuirá a prevenir conflictos familiares, abusos y afectaciones a los derechos patrimoniales de este sector de la población.
El proyecto concluye que la función notarial constituye un servicio público que brinda certeza y seguridad jurídica, por lo que su participación resulta esencial para garantizar que las decisiones relacionadas con el patrimonio y la sucesión de las personas adultas mayores se adopten de manera libre, informada y conforme a derecho.
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