La Cámara de Diputados puso freno, al menos temporalmente, a la llamada “Ley Antimemes”, reforma que prevé sanciones de hasta 4 millones 692 mil pesos a proveedores de servicios de internet que incumplan determinadas obligaciones relacionadas con contenidos que vulneren derechos de autor.
La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad suspendió este martes 22 de septiembre la reunión en la que tenía previsto analizar y, en su caso, aprobar el dictamen.
Miguel Ángel Salim, presidente de la Comisión, informó a sus integrantes de la cancelación y señaló que el proyecto será sometido a modificaciones antes de continuar con su discusión. Reportes legislativos señalaron que la reunión podría retomarse posteriormente.
Buscan responsabilizar a proveedores de internet
La iniciativa fue enviada por el Ejecutivo federal el pasado 1 de junio y propone reformar el artículo 114 Octies y adicionar los artículos 114 Nonies y 232 Septies de la Ley Federal del Derecho de Autor.
El proyecto plantea que los proveedores de internet cuenten con una política pública para terminar el servicio a usuarios considerados infractores reincidentes y establece supuestos de responsabilidad por infracciones cometidas mediante sus servicios. Las multas serían aplicadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
La sanción máxima planteada alcanza las 40 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA). Con el valor diario vigente en 2026, de 117.31 pesos, el monto llega a 4 millones 692 mil 400 pesos.
Memes e inteligencia artificial encienden debate
La propuesta fue bautizada públicamente como “Ley Antimemes” debido a que las disposiciones sobre derechos de autor podrían alcanzar contenidos digitales que incorporen fotografías, ilustraciones, videos, música u otras obras protegidas.
El proyecto, sin embargo, no establece una prohibición general para crear o compartir memes. Su núcleo son las obligaciones de proveedores de servicios de internet frente a posibles violaciones a derechos de autor y las medidas aplicables contra infractores reincidentes.
La controversia escaló porque algunas de esas obras pueden ser modificadas mediante herramientas de inteligencia artificial, utilizadas en parodias, sátiras, montajes audiovisuales o contenidos difundidos en redes sociales.
Oposición alerta por libertad de expresión
Legisladores opositores han advertido que una redacción amplia podría provocar el retiro preventivo de publicaciones o afectar contenidos de sátira y crítica política.
Los promotores de la reforma sostienen, en cambio, que el objetivo es fortalecer la protección de los derechos de autor y fijar reglas más claras sobre la responsabilidad secundaria de los intermediarios digitales. La propuesta regulatoria del Ejecutivo señala que busca brindar certeza jurídica tanto a titulares de derechos como a proveedores de internet.
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho, sostuvo este martes que cualquier modificación deberá respetar la libertad de expresión y afirmó que el tema no estaba previsto para discusión inmediata en el Pleno.
Reforma sigue sin ser ley
Hasta la noche del 22 de septiembre, el Sistema de Información Legislativa mantenía oficialmente la iniciativa con estatus de “pendiente en comisión(es) de origen”.
Esto significa que las multas, la eventual terminación del servicio a reincidentes y las nuevas responsabilidades para proveedores no se encuentran vigentes y todavía tendrían que superar el proceso legislativo correspondiente.
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