Sin debate en lo general y con la mayoría oficialista, la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados aprobó la reforma conocida como “Ley Antimemes”, que endurece las responsabilidades de proveedores de servicios de internet frente a infracciones de derechos de autor y abre la posibilidad de terminar el servicio a usuarios reincidentes.
El dictamen fue avalado este 29 de septiembre con 18 votos a favor y seis en contra, y quedó listo para su discusión en el Pleno de San Lázaro. Dos reservas presentadas por el PAN fueron rechazadas.
La reforma, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, modifica el artículo 114 Octies y adiciona los artículos 114 Nonies y 232 Septies de la Ley Federal del Derecho de Autor.
Proveedores podrían cortar servicio a reincidentes
Uno de los puntos que encendieron las alertas de la oposición obliga a los proveedores de internet a contar con una política pública para la terminación del servicio a usuarios considerados infractores reincidentes de derechos de autor.
El proyecto también fortalece los mecanismos para retirar obras, imágenes, voces, videogramas o fonogramas utilizados o modificados sin autorización, incluidos aquellos alterados mediante inteligencia artificial u otras herramientas tecnológicas.
Los proveedores que incumplan determinadas obligaciones podrían enfrentar multas de hasta 40 mil UMA, equivalentes a alrededor de 4.69 millones de pesos en 2026. Las sanciones serían impuestas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
PAN advierte afectación a libertad de expresión
El PAN votó en contra y buscó modificar el dictamen para proteger expresamente la libertad de expresión y evitar que el acceso a internet pueda suspenderse sin una resolución judicial previa.
Las dos reservas fueron rechazadas por la mayoría.
El diputado panista Miguel Ángel Monraz Ibarra calificó la reforma como un “grave retroceso” y sostuvo que podría utilizarse para restringir la libertad de expresión.
La oposición argumentó también que obligar a los proveedores a retirar contenidos bajo amenaza de sanciones económicas puede generar incentivos para eliminar publicaciones de manera preventiva y afectar expresiones legítimas.
Reforma no prohíbe expresamente los memes
Pese al nombre con el que ha sido bautizada en el debate público, el dictamen aprobado en San Lázaro no establece una prohibición general para crear o compartir memes.
El punto de controversia es que fotografías, ilustraciones, videos, personajes y otros materiales que suelen ser utilizados para elaborar memes pueden estar protegidos por derechos de autor, por lo que críticos de la reforma advierten que los nuevos mecanismos de retiro podrían alcanzar este tipo de contenidos.
Sheinbaum rechazó que la reforma tenga como propósito censurar contenidos.
“No tiene nada que ver con prohibir memes”, sostuvo la Presidenta el martes 29 de septiembre, y aseguró que el paquete busca reforzar la protección de la propiedad intelectual y combatir prácticas ilegales.
Oficialismo argumenta combate a piratería digital
Desde el Gobierno y las bancadas que respaldan la iniciativa se sostiene que las modificaciones buscan actualizar las reglas de propiedad intelectual ante nuevas modalidades de piratería y distribución ilegal de contenidos en plataformas digitales, además de armonizar disposiciones mexicanas con compromisos internacionales, incluido el T-MEC.
La legislación establece un esquema de responsabilidad secundaria para proveedores cuando contribuyan, induzcan o tengan conocimiento de determinadas conductas infractoras, aunque no los obliga a vigilar de manera general todo lo que publican los usuarios.
“Ley Antimemes” tiene dos frentes legislativos
La polémica denominada genéricamente “Ley Antimemes” involucra en realidad reformas distintas que avanzan paralelamente en el Congreso.
La votada este martes en la Cámara de Diputados corresponde a la Ley Federal del Derecho de Autor y se concentra en proveedores de internet, retiro de contenidos, reincidencia y responsabilidad por violaciones de derechos de autor.
Por separado, en el Senado se procesa una reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que incluye sanciones por utilizar, reproducir o imitar a escala comercial identidad gráfica institucional, dominios o documentos oficiales con la finalidad de engañar y cometer un ilícito.
En el Senado, tras las críticas de la oposición, la redacción fue modificada para acotar ese delito y establecer penas de uno a cinco años de prisión, además de multas, cuando exista utilización a escala comercial, engaño sobre el origen oficial y vinculación con un ilícito.
Dictamen va ahora al Pleno de San Lázaro
La aprobación en Comisión no significa que la reforma ya sea ley.
El dictamen deberá ser discutido y votado por el Pleno de la Cámara de Diputados. El presidente de San Lázaro, Raúl Bolaños-Cacho, llamó a esperar ese debate antes de fijar conclusiones definitivas sobre su alcance.
La disputa llegará así al Pleno con dos narrativas enfrentadas: el Gobierno sostiene que busca cerrar espacios a la piratería y fortalecer la protección de derechos de autor; PAN y otros legisladores de oposición advierten que la redacción puede afectar la libertad de expresión y convertir a los proveedores de internet en ejecutores de restricciones contra los usuarios.
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