El Consulado de México en Orlando denunció este jueves una situación crítica en el nuevo centro de detención migratoria del norte de Florida, conocido como Deportation Depot (Depósito de Deportaciones), donde se encuentran retenidos 176 ciudadanos mexicanos. La cifra representa un aumento alarmante respecto a los 49 casos registrados apenas una semana antes.
“Es un verdadero drama humano el que vimos ahí, familias divididas, trabajadores que están dedicados a eso, a trabajar, pero que son de manera arbitraria levantados en la carretera, no nada más por conducir sin una licencia válida, sino por ser pasajeros”, declaró el cónsul de Asuntos Políticos, Iván Pliego, tras recorrer las instalaciones junto a un equipo de protección consular.
El centro, inaugurado el pasado 2 de septiembre al occidente de Jacksonville, fue diseñado para complementar el polémico complejo conocido como Alcatraz de los Caimanes (Alligator Alcatraz), y tiene capacidad para albergar hasta 2,000 personas. Según el consulado, las detenciones no han sido realizadas por agentes federales, sino por autoridades estatales y locales de Florida, en operativos que apuntan a personas sin licencia estatal o sin documentos migratorios, incluso cuando viajan como pasajeros.
“Lo que es impresionante es la cantidad de personas mexicanas, que va en aumento. De la semana pasada pasamos de 49 y hoy estamos en 176 en este lugar”, señaló el cónsul Juan Sabines Guerrero en un video difundido por redes sociales. El diplomático subrayó que la ciudad más complicada es Jacksonville, la mayor urbe del norte de Florida, donde se han intensificado los arrestos.
La representación mexicana ha iniciado gestiones para brindar asistencia legal, médica y consular a los detenidos, y ha solicitado reuniones urgentes con autoridades migratorias estadounidenses. El objetivo es garantizar el respeto a los derechos humanos, el acceso al debido proceso y la protección de los connacionales frente a lo que califican como prácticas de detención arbitraria.
Organizaciones civiles han respaldado el llamado del consulado, alertando sobre el impacto social de estas medidas en comunidades migrantes que contribuyen activamente a la economía local. El caso pone en evidencia las tensiones entre políticas estatales de control migratorio y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
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