Al cerrar el último bloque de las audiencias públicas para analizar la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral Jurado, destacó que durante los dos días de trabajos se privilegió una amplia discusión para incorporar todas las visiones en torno a esta figura jurídica.
Corral Jurado aseguró que los planteamientos presentados permitirán enriquecer el dictamen que será elaborado en conjunto por las comisiones de Justicia, Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos. “
El juicio de amparo está lleno de tecnicismos y no es accesible; sin embargo, es la base del sistema de acceso a la justicia y la protección de garantías y derechos sociales. Por ello, recogeremos las inquietudes y propuestas para plasmarlas en el dictamen. Estamos listos para convocar a las comisiones, este espacio ha sido parte de una voluntad política”, expresó.
Voces de especialistas y sectores sociales
En el segundo día de deliberaciones se expresaron diversas posturas desde la abogacía, el empresariado y el Poder Judicial.
- Alejandro Gutiérrez Muñoz, litigante, advirtió que la iniciativa limita derechos en el recurso de revocación y el juicio contencioso administrativo federal, particularmente en el procedimiento administrativo de ejecución.
- Lidia Monsalvo Álvarez, consejera del Colegio y Barra de Abogados, sostuvo que la reforma debe garantizar un “no retroceso” en materia de derechos humanos y alinearse con la Constitución y los tratados internacionales.
- Ligia Claudia González Lozano, presidenta de la Comisión de Integridad y Cumplimiento del Consejo Coordinador Empresarial, recordó que la figura del amparo está reconocida en la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que obliga a asegurar que el interés legítimo y la suspensión sean progresivos para agilizar la justicia.
- Cristina Vizcaíno Díaz, presidenta de la Orden Mexicana del Colegio de la Abogacía, rechazó la propuesta de ampliar la demanda en el amparo directo, al considerarla contraria al artículo 17 constitucional y restrictiva de la protección a las personas.
Riesgos en derechos colectivos y sanciones
En tanto, Natalia Téllez Torres Orozco, magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, advirtió que con la reforma existe el riesgo de que la ciudadanía termine pagando, con sus impuestos, las multas que deberían corresponder a servidores públicos omisos en cumplir ejecutorias de amparo.
Por su parte, María Emilia Molina de la Puente, magistrada de Circuito y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, alertó que las modificaciones propuestas representan un retroceso para las minorías, al limitar el interés legítimo que respalda los derechos colectivos. Sugirió, además, un análisis detallado de las causales de procedencia en beneficio de los justiciables.
Finalmente, Arturo Gregorio Peña Oropeza, abogado litigante, planteó eliminar de la redacción los términos “actual” y “directo” asociados al interés legítimo, a fin de evitar interpretaciones restrictivas, y pidió precisar la fórmula “individual o colectivo” para garantizar el acceso al amparo de agrupaciones sociales.
Hacia el dictamen legislativo
Concluidas las audiencias, las comisiones correspondientes deberán procesar las propuestas recogidas y reconstruir el dictamen que será discutido en el Senado. Corral Jurado reiteró que el objetivo es alcanzar una reforma que mantenga al amparo como pilar de la justicia en México, pero también que lo haga más accesible y eficaz en la defensa de los derechos ciudadanos.
Deja una respuesta