Con 355 votos a favor, 132 en contra y cero abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, con el propósito de actualizar cuotas, establecer nuevos cobros y modernizar el esquema de contribuciones por servicios públicos en materia migratoria, sanitaria, aeronáutica, marítima, financiera, de telecomunicaciones y cultural.
La propuesta, enviada al Senado para su análisis, forma parte del paquete fiscal 2026 y busca que los pagos por derechos reflejen el costo real de los servicios que presta el Estado, bajo los principios de proporcionalidad y equidad tributaria.
Nuevos derechos y actualización de cuotas
El dictamen establece nuevos cobros y actualizaciones por servicios en materia migratoria, por la inscripción y supervisión de emisoras simplificadas ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y por marbetes y precintos, así como por servicios sanitarios, fitosanitarios, zoosanitarios, marítimos y aeronáuticos.
También se incluyen ajustes en los derechos por uso del espectro radioeléctrico, acceso a museos, sitios y zonas arqueológicas del INAH y museos administrados por el INBAL.
En materia migratoria, se modifican las cuotas por la expedición de documentos que acreditan la condición de visitante, residente temporal o permanente, buscando garantizar una contribución justa conforme al uso de infraestructura y personal especializado. Se otorga además un descuento del 50% a quienes acrediten residencia por unidad familiar, oferta laboral o invitación de organizaciones públicas o privadas.
Recaudación y control migratorio
El texto incluye nuevos cobros por autorizaciones para visitas a embarcaciones en navegación de altura y por la salida de niñas, niños y adolescentes del país, con el objetivo de reforzar la seguridad y brindar certeza jurídica a las familias.
Asimismo, el derecho por servicios migratorios extraordinarios se aplicará a la revisión de pasajeros en vuelos no regulares, limitando las exenciones únicamente a aeronaves de protección civil, salud o ayuda humanitaria, para evitar abusos fiscales.
Modernización financiera y bursátil
En el ámbito financiero, se exenta del pago de derechos a las emisoras simplificadas por la inscripción en el Registro Nacional de Valores, a fin de facilitar el acceso de pequeñas y medianas empresas al mercado bursátil.
Se actualiza también el esquema de cobro a las entidades supervisadas por la CNBV, eliminando el régimen transitorio vigente desde 2010. Las nuevas cuotas buscan reflejar el costo real de supervisión, ajustadas a la inflación, sin afectar la liquidez de las instituciones más pequeñas.
Servicios sanitarios, aeronáuticos y marítimos
El dictamen ajusta las tarifas por la expedición de certificados fitosanitarios y zoosanitarios de exportación, así como por los servicios de inspección aeronáutica a cargo de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), que desde hace años presentaban rezagos importantes.
Además, se exenta del pago de derechos las verificaciones que realiza la AFAC en favor de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, por tratarse de órganos del mismo sector gubernamental.
En materia marítima, se actualizan las cuotas por el uso de bienes de dominio público sobre cuerpos de agua y zonas federales marítimo-terrestres, incluyendo descargas de aguas residuales y el uso de playas.
Telecomunicaciones, radiodifusión y cultura
El Congreso también reconoció a grupos comunitarios y afromexicanos en la exención del pago por uso del espectro radioeléctrico con fines culturales, educativos o científicos, sin fines de lucro, en congruencia con el reconocimiento constitucional de 2019.
Asimismo, se incorpora la figura de “redes de radiocomunicaciones inteligentes”, y se ajustan los cobros por acceso a museos, monumentos y zonas arqueológicas, eliminando el pago por ingreso al Museo Nacional de Arquitectura.
Autonomía presupuestal y simplificación administrativa
Se dispone que el 100% de los ingresos por servicios del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) se destine a su propia operación, fortaleciendo su autonomía administrativa y presupuestal.
También se elimina el cobro por el certificado de calidad del agua, y se actualizan los derechos por registros sanitarios y verificaciones, estableciendo que los establecimientos nacionales también cubran las cuotas correspondientes.
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