La iniciativa de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum abre la posibilidad de que el titular del Ejecutivo federal participe activamente en la promoción de la revocación de mandato, incluido el llamado al voto para su permanencia en el cargo.
El proyecto, turnado al Senado como parte del llamado “Plan B”, propone modificar el artículo 35 constitucional para establecer que “la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso a su favor”, en los términos que defina la ley secundaria.
Hasta ahora, la revocación de mandato había sido concebida como un ejercicio de participación ciudadana con restricciones explícitas para evitar la intervención gubernamental en su promoción. Sin embargo, la nueva redacción permitiría que la propia Presidenta intervenga en la narrativa pública del proceso.
Aunque la iniciativa mantiene prohibiciones como el uso de recursos públicos, tiempos oficiales y contratación de propaganda para estos fines, especialistas y fuentes legislativas advierten que la participación directa del Ejecutivo podría generar desequilibrios en la contienda.
Además de este cambio, la propuesta también plantea ajustes en los tiempos del ejercicio de revocación y forma parte de un paquete más amplio de reformas político-electorales con el que el gobierno busca modificar diversos aspectos del sistema democrático.
La discusión en el Congreso se prevé intensa, en medio de cuestionamientos de la oposición sobre un posible uso político de la figura de revocación de mandato.
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