Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionara el carácter del Comité contra la Desaparición Forzada, su titular, Juan Pablo Albán, defendió la legitimidad del organismo y pidió evitar descalificaciones.
El funcionario señaló que, si bien “el desacuerdo es legítimo”, la descalificación resulta cuestionable, en referencia a los señalamientos del gobierno mexicano sobre el informe del comité.
Albán aclaró que los órganos de tratados sí forman parte del sistema de la Organización de las Naciones Unidas, al ser mecanismos creados por los propios Estados para supervisar el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
En ese contexto, enfatizó que los integrantes del comité actúan con independencia y no están sujetos a presiones de ningún Estado, conforme a principios internacionales que garantizan su imparcialidad.
El presidente del organismo también sostuvo que debe prevalecer el respeto institucional hacia estos mecanismos, al tiempo que insistió en que el objetivo central es fortalecer la prevención de desapariciones, la búsqueda de personas y la investigación de los casos en beneficio de las víctimas.
La respuesta ocurre en medio de la controversia por el informe del comité, que plantea que en México existen indicios de desapariciones forzadas de carácter generalizado que podrían constituir crímenes de lesa humanidad y que incluso motivó la solicitud para que el tema sea analizado por la Asamblea General de la ONU.
El gobierno mexicano ha rechazado dichas conclusiones al considerar que el diagnóstico es parcial y no refleja los avances institucionales recientes, lo que ha derivado en un nuevo diferendo con organismos internacionales en torno a la crisis de personas desaparecidas en el país.
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