La evidencia presentada por la Fiscalía de Estados Unidos contra el general retirado y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, es “abundante”, afirmó una jueza federal durante la audiencia celebrada este lunes en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde el exfuncionario enfrenta acusaciones por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Mérida Sánchez compareció ante la jueza Katherine Polk Failla, luego de entregarse voluntariamente a las autoridades estadounidenses el pasado 11 de mayo en Arizona. El exmando policial se declaró previamente no culpable de los cargos por conspiración para traficar narcóticos, posesión de armamento y otros delitos relacionados con el crimen organizado.
De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, el exsecretario habría recibido sobornos mensuales superiores a 100 mil dólares de la facción conocida como Los Chapitos, a cambio de proporcionar información sobre operativos de seguridad, evitar detenciones y permitir el funcionamiento de redes de narcotráfico en Sinaloa.
La investigación forma parte del expediente abierto contra una decena de funcionarios y exfuncionarios vinculados a la administración del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quienes las autoridades estadounidenses señalan de presunta colaboración con integrantes del Cártel de Sinaloa.
Durante la audiencia, la Fiscalía insistió en mantener detenido a Mérida Sánchez mientras avanza el proceso judicial y solicitó ampliar los plazos procesales para facilitar negociaciones previas al juicio. La defensa aceptó la petición.
El exfuncionario permanece recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn y, de ser encontrado culpable, podría enfrentar una condena que va de 40 años de prisión hasta cadena perpetua, según los cargos formulados por el Departamento de Justicia estadounidense.
La comparecencia de Mérida Sánchez marca el primer caso de un integrante de alto nivel del gobierno sinaloense que enfrenta directamente a la justicia de Estados Unidos dentro de la investigación conocida como la “trama Rocha Moya”, un expediente que ha provocado tensiones políticas entre Washington y el gobierno mexicano
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