Organizaciones nacionales e internacionales urgieron al Gobierno federal y al Congreso a acelerar la construcción del Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados (SNyPC), al advertir que México debe abandonar la dispersión de programas y avanzar hacia una política de Estado con presupuesto, infraestructura pública y responsabilidades definidas entre los tres órdenes de gobierno.
El llamado ocurre mientras persisten fuertes brechas en el acceso: 9 de cada 10 personas con discapacidad no asisten a un centro de cuidados y apenas 2 por ciento de los servicios existentes en el País están destinados a personas mayores, de acuerdo con el posicionamiento presentado por el Consorcio Organizador del Encuentro Nacional El Futuro de los Cuidados en México.
El diagnóstico advierte además que el gasto público identificado para 2026 equivale a alrededor de 1.21 por ciento del PIB en programas federales cuyos objetivos incluyen reducir el tiempo destinado a los cuidados, así como reconocer y redistribuir ese trabajo. Las organizaciones consideran que los recursos actuales son insuficientes para construir un sistema universal.
Ponen tres prioridades sobre la mesa
El Consorcio planteó concentrar la construcción del sistema en tres frentes: presupuesto e infraestructura pública; articulación entre órdenes de gobierno y armonización normativa; y corresponsabilidad social y de género, acompañada de condiciones laborales dignas para quienes realizan cuidados remunerados y no remunerados.
La exigencia presupuestal va más allá de redistribuir recursos existentes. El documento estratégico sostiene que México necesita elevar de manera sostenida la inversión pública para ampliar cobertura, mejorar los servicios y profesionalizar al personal, particularmente ante el envejecimiento poblacional y la informalidad laboral.
Alertan riesgo de fragmentar política de cuidados
Aunque las organizaciones reconocieron avances como los Centros de Educación y Cuidado Infantil del IMSS, las acciones del SNDIF, la Pensión Mujeres Bienestar y el Sistema de Información de Cuidados, advirtieron que mantener iniciativas sin una estrategia común puede provocar nuevas formas de fragmentación institucional.
El posicionamiento propone que programas actuales y futuros queden articulados bajo el SNyPC y una hoja de ruta común. El reto, señala, es convertir al sistema en eje de las políticas, programas y servicios públicos de cuidado bajo un enfoque de derechos humanos.
Buscan llevar derecho al cuidado a la Constitución
Otro de los pendientes está en el Congreso. Las organizaciones plantearon avanzar hacia una armonización legislativa integral y mencionaron expresamente la reforma al artículo 4 constitucional como vía para reconocer el derecho al cuidado y establecer obligaciones para los distintos niveles de gobierno.
También demandaron reformas laborales y de seguridad social, ampliación de licencias de cuidado y mecanismos de protección para personas con responsabilidades familiares.
Mujeres siguen cargando con los cuidados
El diagnóstico coloca la desigualdad de género en el centro del problema: sostiene que los cuidados han recaído históricamente de manera desproporcionada en las mujeres, afectando su autonomía económica y social, y plantea impulsar licencias parentales, políticas laborales de corresponsabilidad y una mayor participación de los hombres.
Para quienes cuidan sin remuneración, particularmente de manera intensiva o de tiempo completo, el documento propone discutir apoyos económicos, servicios de respiro y mecanismos que les permitan acceder a seguridad social y protección para la vejez.
Llaman a Gobierno y Congreso a acelerar el sistema
El Consorcio convocó a los gobiernos federal, estatales y municipales, así como al Poder Legislativo, sector privado, sociedad civil, comunidades y personas cuidadoras, a participar en la consolidación del Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados.
El pronunciamiento deriva del cuarto Encuentro Nacional de Cuidados, realizado el 24 y 25 de agosto en la Universidad de Guadalajara, que reunió a casi 300 participantes procedentes de 18 entidades federativas y de otros países de la región.
La apuesta, concluyen las organizaciones, es que el cuidado deje de depender de programas dispersos o de recaer desproporcionadamente sobre las mujeres y se convierta en un derecho garantizado y una responsabilidad compartida por el Estado, las familias, las comunidades, el sector privado y la sociedad.
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