Especialistas del sector salud, académicos y expertos legislativos advirtieron que México avanza de manera fragmentada hacia la digitalización de los servicios médicos, mientras persisten brechas en interoperabilidad, infraestructura, ciberseguridad y protección de datos personales sensibles.
Durante el foro “Transformación digital en salud. Ley General de Salud y Protección de Datos Personales”, expertos señalaron que el País todavía carece de un verdadero sistema nacional de salud digital y alertaron sobre vacíos regulatorios para proteger información clínica, genética y biométrica.
El encuentro fue organizado por el diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba, del PAN, secretario de la Comisión de Salud, quien planteó que la digitalización debe contribuir a garantizar el acceso a los servicios con equidad, calidad y oportunidad.
Ven avances, pero sin un sistema nacional de salud digital
Noemí Quiroz González, del Centro de Estudios e Investigación en Análisis de Políticas Públicas (CEIAP), sostuvo que distintas entidades federativas ya han incorporado herramientas tecnológicas, pero los avances continúan siendo desiguales.
“Se están digitalizando partes del sistema, pero aún no se construye un verdadero sistema digital de salud nacional”, advirtió.
La especialista señaló que la transformación no puede limitarse a la adquisición de tecnología y requiere fortalecer capacidades institucionales, ampliar la conectividad, garantizar que las plataformas puedan intercambiar información y establecer reglas claras sobre gobernanza y seguridad de los datos.
También consideró indispensable contar con personal capacitado y atender las brechas que enfrentan comunidades con mayores dificultades de acceso a servicios digitales.
Piden modelo federado para las 32 entidades
Quiroz González afirmó que la reforma a la Ley General de Salud abre una oportunidad para ordenar la transformación digital, pero advirtió que las disposiciones deberán traducirse en estándares nacionales, responsabilidades concretas e indicadores para medir su aplicación en las 32 entidades federativas.
“México necesita un modelo federado de salud digital con rectoría nacional, ejecución territorial y coordinación permanente entre la Federación, los estados y las instituciones de salud”, señaló.
El propósito, agregó, es evitar que la calidad y continuidad de la atención médica dependan del estado o municipio donde viva cada paciente.
Urgen medir rezago digital desde hospitales y unidades médicas
Gustavo Ross, de Transform Health México, planteó que evaluar la digitalización únicamente a escala nacional impide identificar con precisión las zonas y unidades médicas donde es más urgente invertir.
Propuso realizar mediciones desde el ámbito estatal hasta cada unidad de atención mediante un modelo basado en tres pilares, 12 dimensiones y una escala única de madurez digital.
Según explicó, la metodología permitiría determinar qué tecnologías generan mayor impacto y calcular su retorno de inversión de acuerdo con el tipo de proyecto y su etapa de desarrollo.
Ross señaló que la reforma a la Ley General de Salud de enero de 2026 ya contempla un plan maestro de infraestructura sanitaria, aunque actualmente se concentra principalmente en instalaciones físicas.
El reto, indicó, es extender ese modelo hacia la infraestructura digital.
Identifican cuatro pendientes para acelerar digitalización
El especialista ubicó cuatro áreas que deben resolverse: establecer estándares mínimos de infraestructura digital, fijar un piso obligatorio de capacitación, crear una gobernanza de datos con obligaciones verificables y desarrollar condiciones regulatorias para incorporar inteligencia artificial clínica con resultados medibles.
Alertan riesgos por datos genéticos y biométricos
Carlos Arias Guzmán, asesor parlamentario, advirtió que la información de salud, genética y biométrica requiere una protección reforzada debido al carácter prácticamente irreversible de una filtración.
“Nadie puede modificar su ADN ni sus huellas dactilares”, ejemplificó.
Sostuvo que una exposición no consentida de esta información puede derivar en discriminación laboral, exclusión de servicios y afectaciones permanentes a la dignidad.
“Su protección es un imperativo de derechos humanos, no una cuestión meramente técnica”, afirmó.
Arias Guzmán destacó que la reforma de enero de 2026 sentó las bases para un expediente clínico electrónico interinstitucional, pero consideró que el problema central se encuentra ahora en su aplicación efectiva.
Detectan siete brechas legales en protección de datos de salud
El asesor afirmó que una revisión del marco mexicano frente al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, el Convenio 108+, el Marco Iberoamericano y propuestas internacionales revela al menos siete brechas estructurales.
Entre ellas ubicó la falta de definiciones operativas para datos biométricos y genéticos, la ausencia de regulación específica para inteligencia artificial en entornos clínicos y la inexistencia de evaluaciones de impacto diferenciadas para el sector salud.
Añadió que México tampoco cuenta con una figura sectorial equivalente al Delegado de Protección de Datos previsto en Europa ni con un régimen federal específico para bancos de información genética.
Cuestionan CURP biométrica y autonomía de autoridad garante
Arias Guzmán también señaló posibles tensiones entre la recopilación masiva de información biométrica y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Advirtió además que el traslado de atribuciones que anteriormente correspondían al Inai hacia la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno abre cuestionamientos respecto de la independencia funcional de la autoridad encargada de proteger los datos personales.
Entre las reformas pendientes planteó definir en la legislación las categorías de datos sensibles, hacer obligatorias las evaluaciones de impacto en el sector salud, actualizar las NOM-004 y NOM-024 en materia de interoperabilidad, establecer un régimen federal para datos genéticos y fortalecer la independencia del organismo responsable de la protección de información personal.
“México protege los datos sensibles en el papel; la tarea del Congreso es hacerlo efectivo en la práctica”, concluyó.
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