El diputado federal Antonio Lorenzo Castro Villarreal, de Morena, propuso duplicar las penas de prisión por someter a personas a condiciones de servidumbre o trabajos forzados, con castigos de hasta 40 años de cárcel y multas de hasta 100 mil días, además de indemnizaciones económicas para las víctimas.
La iniciativa busca endurecer las sanciones previstas en la Ley General en materia de Trata de Personas, ante el avance de nuevas formas de esclavitud vinculadas con la explotación laboral y las actividades del crimen organizado en México.
El legislador advirtió que la esclavitud contemporánea opera mediante mecanismos de sometimiento que privan a las víctimas de su libertad, sus derechos laborales y su dignidad, sin necesidad de recurrir a cadenas o encierros visibles.
De acuerdo con el Índice Global de Esclavitud 2023, elaborado por la organización Walk Free y citado en la propuesta, alrededor de 850 mil personas viven en condiciones de esclavitud moderna en México, principalmente en actividades como la minería, la manufactura, el trabajo doméstico y el cuidado de menores.
Proponen duplicar penas por servidumbre y trabajo forzado
La reforma contempla modificar los artículos 12 y 22 de la legislación contra la trata de personas para incrementar las sanciones aplicables a quienes sometan a otras personas a condiciones de servidumbre y explotación laboral forzada.
En el caso de la servidumbre, las penas pasarían de 5 a 10 años de prisión a un rango de 10 a 20 años, mientras que las multas aumentarían de mil a 20 mil días a entre 2 mil y 40 mil días.
Para el delito de trabajos forzados, la iniciativa propone elevar las condenas actuales de 10 a 20 años de prisión a 20 a 40 años de cárcel, además de duplicar las multas, que pasarían de 5 mil a 50 mil días a un rango de 10 mil a 100 mil días.
Con estas modificaciones, Morena busca reforzar el castigo contra quienes obtienen beneficios económicos mediante el sometimiento y la explotación de personas.
Obligarían a indemnizar a víctimas de esclavitud moderna
La propuesta también incorpora el artículo 82 Bis para establecer que los recursos recaudados por multas impuestas a personas sentenciadas por esclavitud, servidumbre y trabajos forzados se destinen a indemnizar a las víctimas, independientemente de la reparación del daño.
El monto de la indemnización se calcularía con base en un salario mínimo general vigente y medio por cada mes o fracción de mes durante el cual la víctima permaneció sometida a explotación.
Cuando el dinero recaudado mediante multas resulte insuficiente, la diferencia tendría que cubrirse con recursos del Fondo Federal para la Atención de Víctimas.
La medida pretende establecer una compensación económica adicional para quienes hayan sido privados de su libertad y sometidos a condiciones de explotación.
Darían atención psicológica y apoyo laboral durante seis meses
Otro de los cambios plantea adicionar el artículo 69 Bis para garantizar atención psicológica especializada durante seis meses a las víctimas de esclavitud, servidumbre y trabajos forzados, a partir de su identificación o rescate.
La Secretaría de Salud sería responsable de proporcionar los servicios psicológicos, mientras que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tendría a su cargo la orientación vocacional y el apoyo para la reinserción laboral.
Ambas dependencias deberían coordinarse con la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas, mediante recursos del Fondo Federal para la Atención de Víctimas.
Alertan sobre esclavitud moderna ligada al crimen organizado
En la exposición de motivos, Castro Villarreal sostiene que la esclavitud moderna se ha convertido en una práctica sistemática incorporada al modelo de operación territorial de organizaciones criminales.
Señala que miles de personas enfrentan condiciones laborales que implican ausencia de salarios, jornadas sin descanso, falta de seguridad social y restricciones para acceder a servicios médicos y asesoría jurídica.
La población migrante se encuentra entre los sectores particularmente vulnerables a estas prácticas de explotación.
El morenista considera necesario actualizar la legislación para enfrentar modalidades de sometimiento que persisten bajo esquemas de explotación económica y control de las víctimas.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, donde deberá analizarse antes de una eventual discusión y votación.
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