Mónica Soto Fregoso, una de las figuras más controvertidas de la última integración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), renunció a su magistratura y dejará el cargo el próximo 31 de agosto, dos años antes de la ampliación que le permitía permanecer hasta 2028.
La ex presidenta del Tribunal comunicó formalmente su decisión al Senado de la República después de casi una década en la Sala Superior y de haber participado en resoluciones que tuvieron efectos directos en la configuración del poder político, desde la mayoría calificada de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados hasta las impugnaciones y sanciones relacionadas con los “acordeones” de la elección judicial de 2025.
En el documento enviado a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, Soto confirmó que el 31 de agosto será su último día en funciones y solicitó que se realice el trámite correspondiente para formalizar su salida.
“Me permito presentar ante esta alta instancia, de la manera más atenta y respetuosa, mi renuncia al cargo de magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, señaló en el oficio.
Soto argumentó motivos personales y familiares para separarse del cargo y afirmó que, después de tres décadas dedicada a asuntos electorales, decidió cerrar una etapa profesional.
“30 años da para cerrar un ciclo”, expresó al hacer pública su decisión durante un encuentro de magistraturas electorales.
También recurrió al distintivo que utilizó durante años para promover la perspectiva de género en la justicia electoral.
“Hoy estos lentes violetas se irán a navegar otros mares”, dijo.
De una crisis interna a la presidencia
La trayectoria reciente de Soto dentro del Tribunal estuvo marcada por confrontaciones internas desde antes de asumir la presidencia.
En diciembre de 2023, junto con Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera, cuestionó la continuidad de Reyes Rodríguez Mondragón como presidente de la Sala Superior. Los tres magistrados argumentaron una pérdida de confianza y presionaron para que dejara el cargo.
Rodríguez finalmente anunció su renuncia a la presidencia y Soto asumió el puesto el 1 de enero de 2024.
La confrontación exhibió una fractura dentro de la Sala Superior que posteriormente se manifestó en asuntos de alto impacto político. Soto, De la Mata y Fuentes conformaron una mayoría recurrente, mientras Rodríguez y Janine Otálora sostuvieron posiciones distintas en diversas resoluciones.
Soto encabezó el Tribunal durante un periodo particularmente relevante: la elección presidencial de 2024 y la primera elección popular del Poder Judicial en 2025.
Avaló mayoría calificada de Morena
Uno de los fallos más controvertidos durante su presidencia fue la integración de la Cámara de Diputados después de las elecciones de 2024.
La Sala Superior confirmó la distribución de diputaciones de representación proporcional aprobada por el Instituto Nacional Electoral, con la cual Morena, PVEM y PT obtuvieron la mayoría calificada en San Lázaro.
La oposición acusó que la asignación provocaba una sobrerrepresentación del bloque gobernante y pidió al Tribunal modificar el reparto.
Soto respaldó el criterio mayoritario y sostuvo que las reglas constitucionales para limitar la sobrerrepresentación debían aplicarse por partido y no por coalición. Argumentó además que ese criterio era congruente con la interpretación que el propio Tribunal había mantenido desde 2009.
“No se violan principios constitucionales”, sostuvo entonces al defender la resolución.
La decisión tuvo consecuencias políticas inmediatas, pues permitió que Morena y sus aliados alcanzaran los votos necesarios para aprobar reformas constitucionales en la Cámara de Diputados sin requerir el respaldo de la oposición.
Los “acordeones” abrieron otro frente
Las controversias continuaron con la elección judicial de 2025.
La distribución de los llamados “acordeones” —listas impresas y digitales que indicaban nombres y números de candidatos— provocó impugnaciones en las que se argumentó que esos materiales habían servido para orientar el voto y afectado la equidad de la contienda.
La Sala Superior rechazó anular diversas elecciones al considerar que las pruebas no acreditaban que la utilización de esos documentos hubiera resultado determinante para modificar los resultados.
Soto formó parte de la mayoría en varias de esas resoluciones.
El asunto reapareció meses después cuando el Tribunal revisó las sanciones impuestas por el INE contra candidatos que aparecieron en los acordeones.
Quitó multas a 172 candidatos
En su última sesión como presidenta del TEPJF, Soto integró junto con Felipe Fuentes y Felipe de la Mata la mayoría que revocó las multas aplicadas por el INE a 172 candidatos de la elección judicial.
Las sanciones sumaban aproximadamente 6.3 millones de pesos.
Entre los beneficiados estaban los nueve ministros electos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial.
Janine Otálora y Reyes Rodríguez votaron en contra del criterio mayoritario.
La mayoría consideró que el INE no había acreditado una relación directa entre los candidatos y la elaboración o distribución de los acordeones ni demostrado suficientemente el beneficio electoral que habrían obtenido.
La decisión volvió a colocar bajo cuestionamiento la actuación del Tribunal frente a una de las principales irregularidades denunciadas durante la elección judicial.
Podía quedarse hasta 2028
La duración del propio mandato de Soto también quedó involucrada en las controversias derivadas de las reformas al Poder Judicial.
El Senado la eligió el 20 de octubre de 2016 para ocupar durante nueve años una magistratura de la Sala Superior. Su periodo original debía concluir el 31 de octubre de 2025.
Las reformas constitucionales de 2024 modificaron posteriormente los plazos de las magistraturas electorales y permitieron prolongar su permanencia.
Una nueva modificación aprobada en 2026, vinculada con el aplazamiento de la siguiente elección judicial, permitió que integrantes de la Sala Superior continuaran hasta 2028.
La modificación provocó críticas de la oposición e incluso resistencias dentro del bloque oficialista durante su discusión legislativa, debido a que prolongaba los cargos de magistrados nombrados bajo el anterior sistema y les abría la posibilidad de competir posteriormente por otro periodo.
Soto decidió ahora no aprovechar esa extensión.
Deja al Tribunal con cinco magistrados
Su salida tendrá además efectos inmediatos sobre la integración del TEPJF.
Cuando la renuncia entre en vigor, la Sala Superior quedará con cinco de las siete magistraturas que formalmente integran el Pleno.
El Tribunal ya arrastraba una vacante después de la salida de Janine Otálora en 2025, quien tampoco permaneció mediante la extensión de su mandato.
La reducción ocurre mientras el organismo comienza a prepararse para el siguiente ciclo electoral y para la renovación judicial prevista en 2028.
Una carrera ligada a la paridad
Mónica Aralí Soto Fregoso nació el 18 de septiembre de 1970 en Ciudad Constitución, Baja California Sur. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara y cuenta con estudios especializados en justicia electoral.
Antes de llegar a la Sala Superior trabajó en el entonces Instituto Federal Electoral y fue magistrada del Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur y de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF, donde se convirtió en la primera mujer en ocupar la presidencia.
El Senado la llevó a la Sala Superior en 2016.
Durante su trayectoria hizo de la paridad y los derechos político-electorales de las mujeres una de sus principales agendas. Participó en resoluciones sobre candidaturas paritarias, violencia política de género, integración de mujeres en dirigencias partidistas y acceso femenino a cargos municipales y legislativos.
También representó a México en reuniones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas.
Esa trayectoria convivió, particularmente durante sus últimos años en el Tribunal, con decisiones que provocaron fuertes confrontaciones políticas y divisiones dentro de la propia Sala Superior.
Soto dejó la presidencia del TEPJF el 31 de octubre de 2025 y continuó como magistrada.
Ahora decidió abandonar también la Sala Superior.
Su renuncia será efectiva el 31 de agosto.
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