El Gobierno de Estados Unidos colocó a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, en el centro de una presunta red de protección política y financiera al Cártel de Sinaloa que, según el Departamento del Tesoro, alcanzó altos niveles del Gobierno de Baja California.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó el martes 29 de septiembre a Torres y a integrantes de su círculo político, familiar y empresarial como parte de una ofensiva contra la estructura de Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa encabezada por Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”.
El golpe alcanzó a 21 personas y 25 empresas que Estados Unidos identifica como líderes, operadores, lavadores de dinero o facilitadores del Cártel de Sinaloa.
Tesoro coloca a Carlos Torres en el centro de la trama
En un señalamiento directo, el Tesoro estadounidense calificó a Carlos Torres como un “operador político vinculado al cártel” y aseguró que mantenía una alianza con Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, identificado como jefe de Los Rusos y responsable de la plaza de Mexicali.
De acuerdo con la OFAC, Torres habría utilizado su influencia política para facilitar las operaciones del grupo criminal y proteger al Cártel de Sinaloa de intervenciones gubernamentales y policiales en Baja California.
Washington sostiene que el esquema de narcocorrupción permitió a Los Rusos consolidar su presencia en Mexicali mediante violencia y corrupción de funcionarios públicos.
“El Ruso”, identificado también como Jesús Alexandro Sánchez Félix, encabeza una subfacción de Los Mayos que domina la plaza de Mexicali, según el Tesoro.
EU señala pagos mensuales a Carlos Torres
El Departamento del Tesoro fue más allá y afirmó que Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, recibió sobornos de “El Ruso” a cambio de permitir que el Cártel de Sinaloa ejerciera control sobre la Policía Municipal.
El objetivo, según Washington, era facilitar el narcotráfico y realizar operaciones de protección y represión para el grupo criminal.
En ese circuito aparece nuevamente Torres.
La OFAC señala que el exesposo de Marina del Pilar habría recibido pagos mensuales de Mendívil para permitir que el Cártel de Sinaloa operara “con relativa impunidad” en Baja California.
El hermano: sobornos, empresas y campañas políticas
El círculo descrito por Estados Unidos incluye a Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos.
Según el Tesoro, Luis Torres habría sido responsable de recibir los sobornos y posteriormente lavar los recursos ilícitos mediante empresas y campañas políticas.
La OFAC sancionó además cinco compañías que atribuye al control de Luis Torres:
- Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V.
- Edifika Desarrollos Baja, S. de R.L. de C.V.
- The Woods Bar, S. de R.L. de C.V.
- Raes Restaurante, S. de R.L. de C.V.
- Distribuidora y Comercializadora ATAF.
Las empresas quedaron sujetas al régimen estadounidense de bloqueo por ser consideradas propiedad, estar controladas o actuar en nombre de Luis Torres.
Otro operador político aparece en el círculo
La investigación estadounidense también apunta a Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario aduanal en Chihuahua y exasesor legislativo del Gobierno de Baja California.
La OFAC lo identifica como conocido de Carlos Torres y amigo cercano de José Ángel Rivera Zazueta, señalado por Estados Unidos como un dirigente de alto nivel del Cártel de Sinaloa.
Según el Tesoro, Buenrostro habría utilizado favores e influencia política para beneficiar los negocios criminales de Rivera Zazueta a cambio de sobornos.
Visa de Carlos Torres había sido revocada desde 2025
El comunicado revela además que el Departamento de Estado estadounidense revocó la visa de Carlos Torres en mayo de 2025.
El Tesoro atribuye aquella decisión a su supuesta afiliación y trabajo en favor del Cártel de Sinaloa.
La revocación ocurrió cuando Torres todavía era esposo de Marina del Pilar. La pareja posteriormente se divorció.
Carlos Torres niega nexos criminales
Tras conocerse las sanciones, Carlos Torres rechazó públicamente las acusaciones.
“Niego cualquier relación con grupo o actividad criminal alguna, dentro y fuera de México”, afirmó en un posicionamiento difundido el martes.
Torres reconoció ser accionista en 30 por ciento de Vida Orgánica Tijuana, una de las empresas alcanzadas por las sanciones estadounidenses, y dijo que buscará aclarar su situación ante las autoridades de Estados Unidos.
Marina del Pilar se deslinda
El Gobierno de Baja California respondió subrayando que Marina del Pilar está legalmente divorciada de Torres y que la gobernadora no aparece entre las personas sancionadas por la OFAC.
“La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda está legalmente divorciada de Carlos Torres Torres. El único interés que comparte es el bienestar de su hijo”, señaló el Gobierno estatal.
También indicó que la mandataria instruyó revisar si alguna de las empresas señaladas por Estados Unidos ha recibido contratos de la administración estatal y, en su caso, enviar los expedientes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Las sanciones congelan activos en Estados Unidos
Con la designación de la OFAC, los bienes e intereses de las personas sancionadas que estén en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos o empresas estadounidenses quedan bloqueados.
También quedan generalmente prohibidas las operaciones de personas estadounidenses con los señalados y pueden quedar bloqueadas empresas donde una o varias personas sancionadas posean, directa o indirectamente, al menos 50 por ciento del capital.
El Tesoro sintetizó la operación bajo un encabezado particularmente severo: “La narcocorrupción se apodera de la capital”.
Para Washington, la red encabezada en Mexicali por “El Ruso” no se limitó a operadores criminales: alcanzó a personajes con acceso político, policías, exfuncionarios, empresarios y personas cercanas al poder estatal.
Y en el centro de ese entramado, según la acusación estadounidense, colocó a Carlos Torres.
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